Un estudio que cuenta con la financiación de la Comisión Europea "radiografía" los desahucios para saber qué medidas adoptan los Estados miembros y diseñar así actuaciones para buscar soluciones al problema, ha explicado el coordinador del informe en España, Sergio Nasarre.

Este estudio europeo sobre la promoción del derecho a la vivienda y las consecuencias de su pérdida cuenta con la coordinación de la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona, la National University of Galway, FEANTSA y Human European Consultancy.

La propuesta ha sido la ganadora de la convocatoria de la Dirección General de Trabajo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, dotada con un millón de euros, y el calendario del proyecto es de dos años.

Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil de la URV y responsable del grupo de investigación de acceso a la vivienda de la universidad, supervisará los trabajos de los países del arco mediterráneo, los más afectados por la crisis, y será el autor del informe oficial para España.

Según ha explicado, trabajarán 28 expertos y cuatro coordinadores para "analizar las causas sociales, económicas y financieras de la crisis, su realidad actual, sus consecuencias y las soluciones propuestas por cada país miembro".

En una primera fase del estudio, se recogerá información, y en la fase final, se expondrán las conclusiones ante la comisión para que "puedan tomar las decisiones políticas más oportunas".

Una de las principales dificultades para radiografiar el problema, según el catedrático, es la falta de cifras fiables, que "hablan desde 40.000 a 800.000 desahucios en España".

Uno de los indicadores más objetivos es la "tasa de morosidad, del 6%, lo que significa que un 94% de las familias paga puntualmente su hipoteca", ha señalado.

Advierte el experto de que las cifras de desahucio incluyen los impagos de alquiler, que según los datos que maneja, suponen el "60% del total, y eso que España es uno de los países con menos índice de alquileres, un 12%".

Otra cifra de partida es que España tiene uno de los índices más bajos de vivienda social de la Unión Europea, "un 2% respecto al 32% de Holanda, por ejemplo", y por eso "no se entiende" que habiendo tan poca "haya rumores de privatización", indica.

Una de las medidas antidesahucios que sí han funcionado bien en España, señala el catedrático, "es el mínimo de embargabilidad, esa medida seguramente será extrapolable al resto de Estados miembros".

En cambio, el código de buenas prácticas bancarias "tiene unos resultados prácticamente inapreciables" y "no ha sido una buena medida".

En paralelo a este estudio, la URV participa en otra investigación con seis países para hallar fórmulas intermedias entre la propiedad y el alquiler.