El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, aprovechará la reunión de este lunes de la Conferencia Sectorial de Justicia, para reclamar al Ejecutivo central su contribución a costear los servicios de asistencia jurídica gratuita, a los que se acogen anualmente más de 33.000 asturianos, y exigirá también el abono de la deuda de 600.000 euros correspondiente a la inversión en la modernización de los órganos judiciales de la comunidad autónoma.

En nota de prensa, el titular de Presidencia ha mostrado su malestar con el retraso en la convocatoria del encuentro entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias judiciales, dado que la última conferencia se celebró hace 18 meses y el reglamento prevé que se celebren dos al año.

"Más cuando los cambios impulsados por el Gobierno central en materia judicial son numerosos y muchos de ellos con una importante incidencia en las competencias presupuestarias y administrativas de los gobiernos autonómicos, que afectan muy negativamente a los derechos de la ciudadanía", dice.

Así, el Gobierno del Principado acude a esta conferencia "con la máxima expectación, tanto por los importantes asuntos relacionados con reformas legislativas planteadas, como para demandar una respuesta al Ministerio de Justicia por los incumplimientos presupuestarios con Asturias".

Especial relevancia adquiere para el Ejecutivo asturiano la asistencia jurídica gratuita y conocer la posición del Gobierno central respecto a la financiación de las comunidades autónomas, algo que el Principado ha demandado "tanto por carta al ministro, como en la reciente reunión mantenida con el Secretario de Estado de Justicia".

Respecto a la financiación de la asistencia letrada gratuita, el Gobierno asturiano apunta que en el proyecto de presupuestos de 2014 "se materializa un incremento de un 28,91% en las subvenciones a los cuatro colegios profesionales de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón para la justicia gratuita, pasando de 3.801.064 euros a 4.900.000 euros". Además, el último Consejo de Gobierno autorizó "el pago de 1.073.618,15 euros, lo que eleva a 5.197.637,14 el dinero destinado en lo que va de año para atender la demanda de servicios de justicia gratuita".

"Asturias apuesta por la pervivencia de un modelo saneado de la asistencia jurídica gratuita, para lo que el Gobierno central tiene que asumir su responsabilidad en la cofinanciación", sostiene el Ejecutivo autonómico. "La Ley de Tasas ha sido un fracaso: pretendía recaudar más y además de recaudar menos, ha disuadido a los ciudadanos a acceder a los servicios judiciales por su alto coste", añade el consejero de Presidencia.

Otro asunto que el consejero de Presidencia trasladará al ministro de Justicia es la preocupación por la materialización y desarrollo de algunas reformas legislativas como la Ley Orgánica del Código Penal, ya que el Gobierno del Principado considera que las penas previstas "no favorecen la reeducación y reinserción social de los condenados que el artículo 25 de la Constitución proclama como un principio esencial en una sociedad democrática y empobrece además las políticas contra el maltrato al eliminar los delitos relacionados con la violencia de género".

También mostrará la preocupación del Ejecutivo asturiano sobre la Ley de Demarcación y Planta Judicial. "Asturias rechaza un modelo que concentra la administración de la justicia y sus servicios en las capitales de provincia, creando por tanto desigualdades respecto a la población que vive fuera de ellas, y aboga por una firme defensa de la labor de los Juzgados de Paz en su labor de proximidad con la ciudadanía, que con la propuesta del Ministerio desaparecerían", concluye.