El juicio en el que hay cinco personas imputadas por tres delitos contra la Hacienda Pública en su modalidad comitiva de fraude de subvenciones en el conocido caso Mina La Camocha comenzará el 20 de enero en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón y se alargará durante 17 sesiones, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El fiscal solicita nueve años de prisión y el pago de una multa de 17.089.200 euros para cada una de las cinco personas imputadas. En concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria al Estado en la cantidad de 17.089.200 euros, a los que ascendió el importe de las ayudas al funcionamiento y a la reducción de actividad indebidamente percibidas por la entidad Minas La Camocha S. A. en los ejercicios de 1998, 1999 y 2000.

Se sentarán en el banquillo Ángel García Brugos (administrador único de Hullas Coto Quirós), defendido por Luis Tuero; Víctor Manuel Zapico (apoderado de Mina La Camocha y exconsejero de Industria del Principado por el PSOE), defendido por Ricardo Álvarez-Buylla; Manuel Martín Martín (presidente, consejero y apoderado de Mina La Camocha), asistido por José Carlos Botas; Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez (apoderado tanto de Hullas Coto Quirós como de trabajos y Explotaciones) y Margarita García Fernández (responsable de contabilidad y apoderada de Mina La Camocha), defendida por Ana Boto.

El fiscal considera a los cinco acusados responsables de tres delitos contra la Hacienda Pública en su modalidad comitiva de fraude de subvenciones, tipificados y penados en el artículo 308.2 del Código Penal. Para cada uno de ellos pide una condena de nueve años de prisión (tres años por cada uno de los delitos).

Inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de una multa de 17.089.200 euros (5.696.400 euros por cada delito), con 270 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de quince años (cinco años por cada uno de los delitos), así como el abono de las costas procesales derivadas de la causa.

Los hechos

Los hechos se remontan a los años 1998, 1999 y 2000. Una investigación de la Guardia Civil, impulsada por la fiscalía anticorrupción, concluyó que en ese período la mina gijonesa, a través de empresas interpuestas, había importado a terceros países por los puertos de El Musel y Avilés o adquirido de otras explotaciones al menos 90.000 toneladas de mineral.

Ese carbón lo mezcló con el extraído del pozo gijonés para entregarlo a la térmica de Aboño como si se tratara de producción propia. Las subvenciones que recibió la mina en ese período ascendieron a 14.624.808.000 pesetas, cerca de 88 millones de euros.

El juzgado de instrucción número 4 de Gijón y la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, investigan desde 1998 un supuesto fraude de La Camocha o sus accionistas y directivos, y varias empresas vinculadas, a la Hacienda Pública, que consistiría en importar carbón internacional, más barato que el autóctono, y hacerlo pasar, junto con hulla nacional explotada a cielo abierto, por mineral de producción propia y de extracción subterránea, que goza de importantes subvenciones públicas para compensar su alto coste de producción.

Intento de archivo

Entre las novedades que se produjeron desde que la Audiencia revocó en 2004 el primer intento de archivo del caso Camocha, el recurso de la fiscalía hace especial mención a las conclusiones del informe emitido el 25 de abril de 2006 por dos peritos judiciales sobre las interrelaciones financieras de las empresas implicadas.

Los informes sostienen que los traspasos de fondos entre estas empresas se facturaban en concepto de diversos servicios, supuestamente no prestados, siendo al parecer su destino real la adquisición del carbón foráneo posteriormente entregado a la térmica de Aboño. Los peritos deducen de la correlación de pagos entre las tres empresas, que Trabajos y Explotaciones actúa como una mera intermediaria, adquiriendo el carbón a Hullas del Coto Quirós y entregándolo a Mina La Camocha.