El Partido Popular quiere que la Junta de Andalucía establezca una línea de ayudas autonómicas dirigidas a aquellas comunidades de propietarios que no puedan asumir los costes de las obras necesarias para garantizar la plena accesibilidad a sus edificios como la instalación de ascensores.

Así lo reclama a través de una proposición no de Ley que ha registrado para su debate en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A recuerda que en Andalucía existen 581.000 viviendas de tres o más plantas sin ascensor ocupadas por 1,76 millones de personas, de las que se estima que un diez por ciento son discapacitadas, en edificios que además suelen superar los 50 años de antigüedad, por lo que la mayoría de sus ocupantes son personas mayores con dificultades de accesibilidad.

Ante esta situación, el Grupo Popular insta a la Junta a "aprobar un plan autonómico de accesibilidad residencial para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto 293/2009, que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, especialmente la relativa a la instalación de ascensores".

Junto a ello, el PP-A solicita al Ejecutivo andaluz la puesta en marcha de "mecanismos para la información a las comunidades de propietarios de los cambios introducidos en la legislación para lograr el objetivo de la accesibilidad, así como de las líneas de ayudas estatales en vigor".

Otra demanda de los 'populares' se refiere a la creación de una aplicación web que ofrezca "toda la información pertinente para la ejecución de estos proyectos, así como de las posibles ayudas, publicando las convocatorias y la resolución de los adjudicatarios, a fin de garantizar la necesaria transparencia y pública concurrencia".

El PP-A también reclama a la Junta que apruebe un acuerdo-marco de colaboración con las corporaciones locales en materia de financiación de las políticas públicas de vivienda "conforme a la normativa vigente" que permita "dotarlas de los medios necesarios para su cumplimiento", así como que impulse planes municipales de accesibilidad residencial donde "se delimiten las áreas de actuación prioritarias de iniciativa pública y de colaboración público-privada".