El año comenzó con la citación para declarar como testigo en el caso Nóos de un sobrino de Iñaki Urdangarin y finaliza con la incertidumbre de si el juez instructor, José Castro, volverá a citar como imputada a su esposa, la infanta Cristina, después de haberla investigado durante siete arduos meses.

Desde que Jan Gui Urdangarin explicó al juez que hacía de mensajero para su tío, transportando sobres cerrados de ida y vuelta, la instrucción del caso Nóos ha añadido algunos miles de folios y ha acumulado la práctica de numerosas diligencias, varias de las cuales han ocupado las portadas de los medios de comunicación.

La investigación del presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos que presidió Urdangarin entre 2003 y 2006 dio un vuelco con la segunda citación para declarar del marido de la infanta, que volvió a descender la rampa de los Juzgados de Palma el pasado 23 de febrero, un año después de haberlo hecho por primera vez.

En esta ocasión dio explicaciones por un posible fraude contra Hacienda en el impuesto de sociedades de la entidad en el año 2007 y por dos posibles delitos más contra la Agencia Tributaria en sus declaraciones del IRPF de 2007 y 2008.

Pero la noticia más relevante ocurrió el 3 de abril, cuando el magistrado imputó a la infanta Cristina y la llamó a declarar, una citación que quedó en suspenso después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera en un recurso y la Audiencia de Palma la dejara sin efecto en un auto dictado en mayo.

En ese mismo auto, la Audiencia Provincial apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50% junto a su marido.

Siete meses de indagaciones más tarde, el fiscal ya se ha pronunciado en un escrito que entregó al juez el pasado 14 de noviembre donde se opone a la imputación de la hija del Rey al entender que no hay contra ella más que "conjeturas o sospechas".

Falta conocer la opinión del juez Castro, que está esperando a que se pronuncien las demás partes personadas antes de adoptar una decisión que quizá llegue antes de que termine el año o en los primeros días de 2014.

Mientras tanto los trámites avanzan. Tras esperar diez meses en vano a que Urdangarin y su exsocio Diego Torres pagaran la fianza de responsabilidad civil de 6,1 millones de euros que se les impuso basándose en "más que suficientes indicios de criminalidad" por hasta cinco delitos, Castro ha iniciado los trámites para embargar sus bienes, incluido el palacete de los duques de Palma en Barcelona.

Además, aunque las investigaciones siguen centradas en el desvío de más de 6 millones de fondos públicos desde Baleares y la Comunidad Valenciana, este año la investigación se ha extendido también a Madrid, cuyo Ayuntamiento donó 120.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), heredera del Instituto Nóos.

Con ello se han ido sumando más imputados y testigos, cuyos testimonios han pasado a engrosar un sumario que ya se extiende a 52 tomos.

Entre los nuevos imputados figura el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, que fue tesorero de Nóos y a quien el juez se ha negado recientemente a retirarle por el momento la imputación, así como la ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016, Mercedes Coghen.

Entre los testigos que han respondido ante el juez Castro en los últimos meses se encuentran desde al asesor jurídico de la Casa del Rey, José Manuel Romero, conde de Fontao, al exconseller de Presidencia valenciano y dirigente del PP Esteban González Pons o la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà.

Al expresidente valenciano Francisco Camps se le esperaba para declarar por escrito el pasado noviembre, pero el juzgado no logró localizarle en su casa. Otro trámite que se demorará previsiblemente hasta 2014.

Pero en el último año los efectos del caso Nóos han trascendido los despachos judiciales. El Ayuntamiento de Palma decidió que las Ramblas de la ciudad volvieran a su nombre original y dejaran de ser "de los Duques de Palma" y la Casa del Rey suprimió la sección personal de Urdangarin en la web oficial de la institución.

La decisión sobre la imputación de la infanta, independientemente del sentido que tenga, será de las últimas que tome el juez antes de cerrar la instrucción de este caso después de tres años y medio. Previsiblemente, todavía habrá que esperar al menos otro año más hasta que la Audiencia de Palma tenga una fecha disponible para el juicio.