El ministerio del Interior ha reconocido que la nueva ley que regula el trabajo de vigilantes privados y detectives persigue, entre otras muchas cuestiones, que las empresas de seguridad privada tengan más volumen del negocio, en un sector cuya facturación está cayendo desde el año 2009. Las estadísticas que maneja el Gobierno señalan que hay margen para crecer, porque en España hay 528 policías de cualquier tipo por cada 100.000 habitantes frente los 385 de media en la UE; mientras que tenemos 195 vigilantes privados por 271 en Europa.

Con la actual limitación de contratación pública provocada por la crisis (en el sector de la seguridad solo se repone un 10% de los puestos de trabajo que quedan vacantes) Interior quiere que muchos policías y guardias civiles dejen labores de vigilancia y salgan a las calles. De hecho, la Policía Nacional ha perdido desde 2012 unos 2.500 agentes; y la Guardia Civil otros 2.000. Lo que supone una pérdida del 3% de efectivos en los dos últimos años.

La primera experiencia piloto ha sido sustituir a guardias civiles y policías nacionales en las labores de vigilancia de los perímetros de las prisiones. Se empezó en 21 cárceles de toda España después del verano. El objetivo era dar empleo a unos 400 escoltas que habían perdido su trabajo en el País Vasco y Navarra por la reducción de la amenaza de ETA y liberar a policías y guardias en esas labores meramente de vigilancia. Aunque Interior no ofreció muchos detalles, una respuesta parlamentaria detalla que Interior pagará 7,39 millones de euros para que ocho empresas de seguridad den vigilancia en estas 21 prisiones durante nueve meses.

El sindicato Unión Federal de Policía ha realizado un estudio analizando el dinero que recibirán las empresas privadas, los vigilantes que aportan, lo que cobrarán y lo que ganaría en su lugar el policía o el guardia civil que antes hacía este mismo trabajo. Conclusión: la seguridad privada en las prisiones es un 202% más cara que la seguridad pública. En las 21 prisiones hay trabajando unos 250 vigilantes, la mayoría exescoltas. Interior paga 3.200 euros por trabajador al mes. Según la UFP, el salario medio de un vigilante es de 1.1.00 euros al mes, por lo que el margen de las empresas es de 2.100 euros, cuando un policía-guardia civil cobra 1.600 euros por el mismo trabajo.

Hay ocho empresas de seguridad trabajando ya en las prisiones: Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Seguritas, Sabico y Vinsa. "Da la sensación de que la nueva ley es un regalo de Reyes del Gobierno a las empresas de seguridad privada", señalan desde UFP. Un portavoz de la directiva de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), que aglutina a seis de las ocho empresas que están trabajando ya en las cárceles, prefiere no opinar de este estudio de la UFP sin conocerlo en profundidad, aunque descarta que el sueldo de un vigilante sea de 1.100 euros al mes: "es superior", señala. El convenio del sector, firmado en abril de este año, revela que el salario de un vigilante de seguridad con todos los pluses es de 1.088 euros.

Uno de los escoltas de estas ocho empresas que trabaja en una prisión explica que su jornada es de 12 horas diarias y su salario ronda los 1.350 euros al mes. De momento no trabaja armado y cree que para ser preciso con los datos la seguridad privada no es un 200% más cara que la pública. "Un escolta trabaja doce horas y un guardia civil o un policía ocho, por lo que hace falta dos agentes para cubrir el turno de un vigilante". Es decir, que los 3.200 euros que se utilizarían para pagar el sueldo medio de dos polilcías (1.600 cada uno) es lo que paga Interior a las empresas por cada vigilante que aportan.

De momento, los vigilantes no han sustituido a los policías, sino que son un complemento de seguridad en estos nueve meses de implantación del sistema. Está previsto que cuando pasen estos nueve meses, los vigilantes sustituyan definitivamente a los agentes.

La patronal Aproser, que aglutina a doce empresas que controlan el 80% del negocio de la seguridad en España, informa que la facturación total del sector fue en 2011 (últimos datos) de 3.215 millones de euros, un 5% menos que el año anterior. En 2010 y 2011, el 24% de los contratos procedieron del sector público, "porcentaje que descendió al 22% en 2012. Las Administraciones contratan menos y más barato", explica el mismo portavoz.