El Partido Popular aprobó en la madrugada de este jueves en la Asamblea de Madrid —por mayoría absoluta y en solitario— la reforma de la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas (LEPARC). Un año después de la muerte de cinco adolescentes en un pabellón municipal, los populares sacaron adelante una modificación que aumenta el importe de las sanciones pero mantiene lagunas sanitarias y de seguridad.

A pesar de que el objetivo inicial era evitar otro Madrid Arena, la LEPARC no regula ni define lo que es un macroevento. En su lugar, coloca bajo el mismo paraguas los bares, los pub, las discotecas, las salas de conciertos y los festivales en grandes recintos.

PSOE, IU y UPyD habían solicitado que cada fiesta con más de 5.000 personas contasen obligatoriamente con un plan de seguridad propio. También proponían establecer por escrito las dotaciones sanitarias y de seguridad privada mínimas que los organizadores debían contratar. De esta forma, se evitaría lo ocurrido en el Arena, donde la enfermería, que carecía de desfibrilador, corría a cargo de un doctor octogenario, un ayudante de la misma edad y ambulancias que no podían prestar soporte vital avanzado. La seguridad privada, por su parte, se limitaba a media docena de personas. El PP, sin embargo, rechazó todas las posibilidades.

Los populares también se han negado a imponer métodos electrónicos de control de aforo o, como proponía Izquierda Unida, dotar a los cuerpos municipales de policía de autoridad para regular los controles de acceso. La Comunidad de Madrid tampoco ampliará sus capacidades de inspección ni recuperará sus competencias de sanción o autorización de macrofiestas, que cedió a los ayuntamientos en 2011 y 2013, respectivamente.

La diputada del PP María Eugenia Carballedo, la única que ha tomado la palabra en el debate, pidió el voto a favor de la reforma legal a los partidos de la oposición para que las administraciones cuenten con "mecanismos nuevos" para exigir el cumplimiento estricto de la ley ya en las próximas fiestas navideñas.

Ninguna de las enmiendas sostenidas por los grupos de la oposición y no incorporadas al dictamen de la comisión aprobado la pasada semana ha salido adelante —17 de PSM, 18 de IU y 22 de UPyD—.

En lugar de centrarse en la prevención, la LEPARC insiste en el apartado sancionador. Desde su entrada en vigor situaciones graves como la entrada de menores, la reventa de entradas o la falta de insonorización serán castigadas con entre 4.501 y 90.000 euros. El máximo hasta ahora era de 60.101 euros. Los promotores podrán perder su licencia o ver cerrado su negocio por un período de hasta seis meses.

En el caso de las infracciones muy graves, las multas se duplican. Consentir el tráfico o el consumo de drogas, vender alcohol a menores y violar las condiciones de seguridad o superar el aforo máximo cuando ello suponga poner en peligro a los asistentes, como ocurrió en el Madrid Arena, implicará una pena de entre 60.001 y 600.000 euros. La cuantía ascenderá a 900.000 euros en caso de afectar a menores, frente al tope actual de 300.000.

La suspensión de licencia y la clausura de local podrán extenderse por un período de dos años. Los promotores serán inhabilitados para realizar espectáculos o actividades recreativas por hasta 3 años. Su nombre y los de sus empresas aparecerán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Estado. La responsabilidad (por acción y omisión) se extenderá a los titulares, organizadores o promotores, así como a los componentes de las empresas que impulsen los eventos.

El texto introduce como novedad la posibilidad de que la Administración confisque la recaudación a los promotores si tiene sospechas fundadas de que estos han incumplido las reglas. Si la LEPARC hubiese estado vigente el 1 de noviembre de 2012, el principal imputado del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, no habría podido ocultar sus ganancias ni haber traspasado sus negocios a sus socios con tanta facilidad.

La promotora de esta reforma legal ha sido Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, una de las fallecidas en la fiesta de Halloween organizada por Flores. De la Fuente reunió 500.000 firmas para obligar al presidente regional a actuar. Hasta entonces, Ignacio González había reiterado que la Ley de Espectáculos no tenía nada que ver con lo sucedido en el Arena.

"Han cumplido con lo que me prometieron. Ahora quiero que desarrollen el reglamento de la ley, que lo apliquen inmediatamente, que la investigación judicial siga adelante y que los responsables paguen", explica a 20minutos. El reglamento de la normativa actual, vigente desde 1997, nunca fue desarrollado por los sucesivos ejecutivos autonómicos.

Los partidos de la oposición, en cambio, no están tan satisfechos. Para Amparo Valcarce (PSOE), la reforma del PP tiene una "orientación represiva" y no proporciona "ninguna seguridad adicional" a los asistentes a macrofiestas. Mauricio Valiente (IU), advierte de que solo se ha aceptado una enmienda de las 62 que se han presentado: "Se ha perdido la oportunidad de resolver el vacío legal. El PP se ha hecho una foto con la madre de una de las víctimas y nada más".

La norma también ha despertado las críticas de los empresarios madrileños. La Plataforma de asociaciones por el Turismo, el Ocio, la Hostelería y la Cultura califica el régimen sancionador de "desproporcionado". "Es propio de las industrias energética, farmacéutica o las emergencias de seguridad alimentaria. Una sanción de 900.000 euros supone la pena de muerte para las pymes por razones tan absurdas como que un adolescente se tome una cerveza que le pase un amigo en un bar", critica el colectivo.

Los empresarios ya habían denunciado el "exceso de celo" aplicado por el Ayuntamiento de Madrid sobre sus locales tras las muertes del Madrid Arena. Según datos oficiales, el Consistorio había hecho hasta octubre de este año 25.574 inspecciones, muy por encima de las 18.015 que emprendió en todo 2012.

Las visitas han tenido resultados como los desalojos de las discotecas Stella (Centro, 20 de julio) Tiffany's (Chamartín, 18 de septiembre), Moma (Chamberí, 17 de noviembre), Caramelo (Tetuán, 24 de noviembre), La Casa Vieja y Vendeta (Centro, 27 de noviembre) por duplicar y hasta quintuplicar su aforo.

La vigilancia se estrechará de cara a Nochevieja. Por el momento, el Ayuntamiento no ha recibido ninguna petición para organizar macrofiestas, aunque las principales salas de la ciudad ya preparan la bienvenida a 2014. Entre ellas está la Sala Marco Aldany, propiedad de Miguel López Langa, socio de Miguel Ángel Flores y el empresario que abonó su fianza para que no entrase en prisión por el 'Caso Arena'.

Los vigilantes que trabajaron en el Madrid Arena; el subdirector de Seguridad de la extinta Madrid Espacios y Congresos, Rafael Pastor; la excoordinadora General de Seguridad y Emergencias, Fátima Núñez; y el jefe de la Policía Local, Emilio Monteagudo, siguen trabajando para el Ayuntamiento pese a estar imputados en la causa.