Sánchez Rubio dice que atiende a los reclusos en sus competencias y que el tratamiento de hepatitis C es del Ministerio

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha afirmado este jueves que el sistema sanitario público de Andalucía atiende a la población reclusa en el ámbito de sus competencias, marcadas en el convenio suscrito entre la administración autonómica y el Ministerio del Interior.

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha afirmado este jueves que el sistema sanitario público de Andalucía atiende a la población reclusa en el ámbito de sus competencias, marcadas en el convenio suscrito entre la administración autonómica y el Ministerio del Interior.

Así lo ha señalado en el pleno del Parlamento como respuesta a una pregunta planteada por el diputado de IULV-CA Manuel Baena Cobos relativa a los tratamientos de hepatitis C en las prisiones andaluzas. Durante su comparecencia ha explicado además que, tal y como establece la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaría, "corresponde al Ministerio del Interior desempeñar las funciones de planificación, dirección y gestión del régimen penitenciario" y que "una de las competencias es velar por la vida, integridad y salud de la población recluida en Centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias".

Para garantizar esta asistencia, ha recordado Sánchez Rubio, se establecieron acuerdos entre el Ministerio y la Administración Autonómica. El primero de ellos fue en marzo de 1992, en el que se regulaban las relaciones institucionales entre ambos órganos en materia penitenciaria, y posteriormente, en 1995, se firmó un acuerdo específico en el que se abordaban las obligaciones y compromisos del sistema sanitario público de Andalucía y de la Administración Penitenciaria.

En este sentido, el convenio de 1995 situaba las actuaciones en materia de medicina preventiva, salud ambiental, formación, salud mental, consultas de especialidades e ingresos hospitalarios como competencias de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, "por lo que corresponde al Ministerio el tratamiento de los reclusos que padecen hepatitis C", ha señalado Sánchez Rubio, quien ha asegurado que "en Andalucía se están haciendo efectivos todos los compromisos adquiridos en estos convenios, que se han ido renovando hasta la actualidad".

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, quien ha aclarado que "la Junta de Andalucía en ningún momento ha dejado de cumplir con los términos del convenio", ha explicado que las competencias del Servicio Andaluz de Salud en el caso de los pacientes reclusos afectados de hepatitis C consiste en establecer un hospital de referencia y atender las necesidades de desplazamiento al centro penitenciario de los especialistas, de acuerdo con las posibilidades y voluntariedad de los facultativos, así como a gestionar las consultas de especialidades procedentes de los centros penitenciarios, reservar camas para los ingresos procedentes de estos centros y garantizar la asistencia de la población reclusa que requiera hospitalización.

Por su parte, Baena Cobos ha señalado que la hepatitis C afecta a una tasa del 25 por ciento de la población penitenciaria, y que aunque desde 2011 existe la triple terapia, con unas expectativas de curación del 75 por ciento, "desde 2011 Instituciones Penitenciarias viene negándose a permitir que se prescriban tratamientos a presos en contraposición con la que indica la Constitución". Además, "exige que por orden de llegada, reciban la prestación en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid", cuando, añade, "a la ciudadanía se le aplica ambulatoriamente en un tratamiento de 48 semanas de duración".

Por tanto, a juicio del diputado de IU, "IIPP condena a muerte a andaluces que necesitan de manera urgente este tratamiento", toda vez que afirma que "este Gobierno debería amparar con todos sus medios el derecho a la vida de todos los andaluces".

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