El exinterventor delegado en la Consejería de Empleo entre noviembre de 2008 y enero de 2013 Juan Luque ha asegurado este miércoles en su declaración como imputado ante la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que nadie le informó sobre las advertencias de la Intervención General en relación al uso inadecuado de las transferencias de financiación que dieron lugar a las ayudas investigadas.

Luque, que fue imputado el pasado mes de junio junto a otros 19 cargos o exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, ha comparecido este miércoles por espacio de más de tres horas ante la magistrada Mercedes Alaya, que le ha imputado dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y únicamente ha respondido a las preguntas de la propia juez, la Fiscalía Anticorrupción y su defensa.

Así, el imputado ha precisado que las advertencias realizadas por la Intervención General "no llegaron" a la Intervención Delegada durante el tiempo en el que estuvo en Empleo "ni durante los previos, según han declarado los cuatro interventores" que le precedieron durante esa década, según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La juez ha cuestionado al imputado sobre si habló "con alguien de la Consejería de Empleo, con el director general, el consejero o el viceconsejero" para exponerles "la situación de ilegalidad que se estaba produciendo" a través del uso indebido de estas transferencias, o si tuvo alguna reunión con el interventor general sobre este asunto, a lo que el imputado ha respondido que "no, en absoluto".

Juan Luque, que ha cifrado en 63 millones el importe de los expedientes con reparos o rechazados por la Intervención Delegada, ha señalado que el interventor general no debió poner en su conocimiento los informes que alertaban de las "graves" irregularidades mencionadas, aunque de haber conocido dichos informes a través de la Intervención General "sí hubiese opuesto reparos suspensivos a las transferencias a IDEA con devolución del mismo al órgano gestor".

"No hay ninguna norma que obligue al interventor general a comunicar los informes de control financiero y desde esa perspectiva la decisión de comunicarlo o no es de la responsabilidad del interventor general", ha dicho Juan Luque, que actualmente es interventor delegado de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

Al hilo de ello, ha precisado que "conocía la finalidad y denominación de la transferencia de financiación, porque estaba en el título presupuestario", así como que "eran para ayudas sociolaborales", pero "para nada sabía" que estas ayudas "no se concedían conforme a la Ley de Subvenciones", por lo que "si hubiera recibido instrucciones y hubieran ido en ese sentido, habría opuesto reparos".

En este punto, la juez le ha acusado de responder "con evasivas" y "respuestas negativas a afirmaciones anteriores, lo que obliga a tener que comenzar cada vez de nuevo para exponer las premisas sobre las que el propio declarante parte, y que éste conocía las transferencias de financiación y que las ayudas sociolaborales se tenían que otorgar conforme al trámite establecido en la Ley General de Subvenciones", a lo que el imputado ha dicho que "no hizo ningún reparo de disconformidad porque no recibió ninguna instrucción de sus superiores al respecto y tampoco tenía que recibirlas".

No se sintió presionado a la hora de tramitar expedientes

El imputado ha ratificado la declaración que prestó como testigo en julio de 2012 ante la Guardia Civil, en la que admitió que en el caso ERE "ha existido un menoscabo muy grave para los fondos públicos" y que, por este motivo, "se debió hacer algo al respecto", así como que "no se había sentido presionado pero sí urgido en relación con determinados expedientes".

Sobre este particular, Luque ha respondido que "es habitual que los gestores manifiesten ante las intervenciones la urgencia en la tramitación de los expedientes que llegan". Ante la Guardia Civil "respondí que en alguna ocasión se habría podido urgir como era frecuente en esta tarea, pero nunca hubo presiones".

La juez considera que Luque habría omitido cualquier reparo en los ejercicios 2008 y 2009 en la fiscalización de los documentos de gasto y pago de las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo dirigía a IDEA, "conociendo que a través de los mismos se concedían ayudas sociolaborales sin sujeción al procedimiento legalmente previsto, que era el establecido en la Ley General de Subvenciones y la Ley General de Hacienda Pública" de Andalucía.

Anticorrupción no pide fianza civil alguna

Luque ha explicado que "no opuso reparo alguno porque el expediente de gasto que era objeto de fiscalización contenía una transferencia de financiación y no un gasto de ayuda o expediente de subvención, y la finalidad de esa consignación presupuestaria se expresaba a través de una transferencia de financiación".

Al término de su declaración, se ha celebrado una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida cautelar alguna para el encausado, ni de naturaleza personal ni real, mientras que las acusaciones ejercidas por PP-A y Manos Limpias se han adherido a lo que pueda decidir la magistrada.