La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha afirmado este miércoles que la reconducción a la legalidad de las viviendas fuera de ordenación no "puede ser rentable para el infractor, ni puede generar costes a las administraciones públicas". "Y tampoco puede haber amnistía para todos", ha añadido.

Durante su intervención en comisión parlamentaria, Serrano ha afirmado que esta problemática es una "responsabilidad de todos y no sólo una función administrativa", por lo cual es preciso avanzar hacia una nueva cultura del territorio, en la que la sostenibilidad se entienda como sinónimo de calidad y buen orden territorial.

En opinión de la consejera, "es preciso anteponer, ante todo el principio de legalidad está por encima de cualquier consideración y, en particular, la eficacia del planeamiento urbanístico, como garante del buen orden territorial".

La titular de la consejería ha recordado que según las Leyes de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y de la Autonomía Local de Andalucía, la disciplina y protección de la legalidad urbanística corresponde a los ayuntamientos, mientras que a la Junta se le atribuye la intervención en determinados actos para la tutela de bienes o derechos de interés general. En este sentido, la legislación delimita un ámbito de responsabilidad compartida entre la Administración autonómica y la municipal como es la inspección urbanística y, en general, las tareas preventivas.

Junto a estas dos leyes, destaca el Decreto 2/2012 que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía en suelo no urbanizable. Esta norma tiene como objeto favorecer la incorporación de dichos asentamientos al planeamiento urbanístico y clarificar las distintas situaciones en las que se encuentran las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, estableciendo el régimen jurídico aplicable a cada una de ellas.

De esta manera, el Decreto regula los requisitos y procedimientos para integrar los asentamientos, de acuerdo con el modelo territorial y urbanístico, en la ordenación de los Planes Generales de Ordenación Urbana, como una vía de reconducirlos a la legalidad. En este caso, la incorporación se realiza mediante la clasificación como suelo urbano no consolidado o como suelo urbanizable, siempre y cuando se trate de asentamientos contiguos a núcleos ya existentes.

Otra forma que recoge esta normativa para reconducir a la legalidad a estas edificaciones es la de Hábitat Rural Diseminado, que contempla una incorporación en el PGOU en suelo no urbanizable o incluso en suelo no urbanizable de especial protección, siempre que la normativa que los regule sea compatible con la preservación de los valores naturales.

Según Serrano, este Decreto aborda también la solución de otras situaciones, como las de las "edificaciones en situación de asimilado a fuera de ordenación" (AFO), conocidas también como 'alegales'. Estas obras son las que se han realizado infringiendo la normativa urbanística y sobre las que han transcurrido ya los plazos para poner en marcha medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística. Es decir, las edificaciones realizadas de forma irregular y que esta irregularidad haya prescrito.

En opinión de la consejera, la declaración de una edificación asimilada a fuera de ordenación no modifica el carácter ilegal de la misma, sino que garantiza la habitabilidad sostenible de las viviendas que se encuentren en esa situación, posibilitando el acceso a los suministros básicos.

Con ello se permite a la Administración imponer a los propietarios medidas compensatorias que garanticen la seguridad de las edificaciones y su entorno; y en cierta forma su acceso al registro de la Propiedad. En definitiva, la declaración de AFO, una competencia exclusivamente municipal, supone "un reconocimiento de uso digno de las viviendas o edificaciones, siempre y cuando se haya seguido el procedimiento legalmente establecido, además de garantizar la habitabilidad y seguridad de las mismas".

Durante su intervención, Serrano ha declarado que su departamento continuará desarrollando la labor de inspección urbanística para evitar nuevas situaciones irregulares y restaurar situaciones de ilegalidad en curso o ya existentes. Para ello, Andalucía cuenta con un Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo vigente para el periodo 2013-2016, el tercero que se pone en marcha en nuestra comunidad, para asegurar el cumplimiento de la legalidad territorial y urbanística.

Por último, la titular de la Consejería ha afirmado que la Junta reforzará la colaboración con los Ayuntamientos y con el resto de instituciones implicadas, con el fin de analizar y estudiar las situaciones concretas que existen en todo el territorio andaluz. De esta manera, se pretende seguir avanzando en la mejora de la normativa para dar respuestas y también prevenir y controlar en la Comunidad autónoma este complejo problema urbanístico.

PP-A

Critica que junta "eche balones fuera"

Por su parte, el diputado del PP-A Miguel Ángel Castellón ha afirmado que nos encontramos ante un problema de "enorme magnitud" y que la consejera ha venido a esta Cámara a hacer "el mismo discurso" que ya hizo su antecesora en el cargo hace dos años y no a abordar un problema del que la Junta ha sido "factor determinante".

Castellón, que ha acusado a la consejera del ramo de "echar balones fuera" en esta materia, ha apuntado que en estos momentos existen 300.000 viviendas fuera de ordenación en la Comunidad, 13.000 de ellas en Almería. "Hoy ha perdido una oportunidad de oro para anunciar alguna medida para corregir ese desmán", ha añadido.

El diputado 'popular' ha exigido a la consejera la puesta en marcha de una ley de regularización y transparencia urbanística y que garantice los servicios básicos de agua y luz para los habitantes de estas viviendas fuera de ordenación, "aunque sea por motivos de humanidad".

Tras afirmar que estamos ante un "drama" del que se hacen eco muchos medios de comunicación internacionales y que ha producido un "daño irreparable" a la imagen de la Comunidad, Castellón también ha reclamado una comisión de seguimiento con los alcaldes de las zonas afectadas, "pero no una comisión paripé como la que se ha creado en Almería".

Serrano muestra su "voluntad de diálogo"

En su turno de réplica, la consejera del ramo ha destacado "la voluntad de diálogo" del Gobierno andaluz en esta materia, que no tiene inconveniente en sentarse con cada uno de los ayuntamientos afectados, y ha insistido en que no puede haber "amnistía general para todos" y legalizar viviendas que están en espacios protegidos. Según ha indicado, hay que cumplir las leyes existentes y no proponer la creación de otras nuevas, como reclama el PP-A.

Serrano, que ha pedido al PP-A que se ponga a trabajar y "no tergiverse ni manipule" las informaciones en esta materia, ha criticado que los 'populares' se pronuncien de una manera cuando están en la oposición y de otra cuando están en el Gobierno. Finalmente, ha garantizado que el Gobierno andaluz quiere profundizar en la regularización de estas viviendas "pero no a cualquier precio" y siempre cumpliendo con la legalidad vigente.