Autismo
Un niño con autismo realiza un ejercicio con un monitor. Federación de Autismo de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Consejería de Educación, que dirige Lucía Figar, por el despido el pasado mes de septiembre del personal de apoyo que trabajaba con alumnos con necesidades especiales en los centros públicos de la región.

A comienzos de curso, Figar dio orden de no renovar a los enfermeros, técnicos, fisioterapeutas, educadores, integradores sociales, auxiliares de hostelería y de limpieza que llevasen más de 24 meses trabajando para su departamento con contratos temporales. De seguir en plantilla, Educación se vería obligada a ofrecerles un contrato fijo o fijo-discontinuo, como establece el Estatuto de los Trabajadores.

1.500 escolares reciben atencion por trastornos de desarrollo, sensoriales o movilidad reducida en MadridEn su lugar, la Consejería les dio de baja e ignoró las bolsas de trabajo legalmente establecidas. Para sustituirles, eligió a personas con menos experiencia. La medida afectó a 560 (el 80%) de los 700 profesionales que atendían a niños con movilidad reducida, trastornos sensoriales, del desarrollo o del espectro autista. En total, unos 1.500 escolares con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años reciben este tipo de atención.

Ahora, y tras la demanda presentada por CC OO, la Sección número 2 de lo Social declara la "nulidad radical" de las nuevas contrataciones y obliga a Figar a deshacer el proceso incorporando a los mismos profesionales de los que prescindió y llamándolos "por riguroso orden de puntuación", según figurasen en las bolsas de trabajo.

Los afectados, según Educación, son 350, repartidos entre 150 auxiliares de hostelería, 60 auxiliares de control, y 140 trabajadores entre integradores, fisioterapeutas y enfermeros.  El resto hasta 560 fueron llamados después de finalizar sus contratos para hacer sustituciones o bajas.

"Figar  fue muy beligerante. Aseguró que todo lo que hacía era legal, pero los tribunales la han dejado en evidencia", sentencia Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO de Madrid.

"Nunca han pensado en los niños"

La Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá el fallo en casación. Los afectados, mientras, quieren empezar a trabajar cuanto antes. "Tengo muchas ganas de volver a mi colegio en Arganda. Llevaba allí 4 años con contratos temporales. Desde que no me renovaron, solo he hecho una sustitución por un esguince en un centro de Madrid capital", explica a 20minutos Marta, integradora social y que ostenta el primer puesto de la bolsa de trabajo correspondiente a su categoría.

Una madre reunió 60.000 firmas para evitar los despidosEn el lado contrario se encuentran los padres. José Miguel Sánchez, padre de una niña de 4 años con autismo y presidente de la Asociación Sureste del Trastorno Espectro Autista (Surestea), denuncia que la Consejería "nunca" ha pensado en los alumnos: "Ha sido una chapuza y un papelón. La Comunidad lo ha hecho mal desde el principio. Nos quitaron a profesionales que llevaban años con nuestros hijos, obligaron a los pequeños a adaptarse a otros, con lo que eso les cuesta debido a sus trastornos, y ahora puede que les cambien otra vez. Espero que, al menos, lo retrasen hasta el curso que viene".

Los afectados ya advirtieron a Educación de que no podía retirar ni cambiar a estos especialistas así como así. María Teresa Perales, madre de un alumno, entregó 60.000 firmas para solicitar a la Consejería que detuviese el proceso. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Asociación de Padres de Personas con Autismo (Apna), entre otras, apoyaron su reivindicación, pero fue en vano.

Este no es el primer golpe que sufren los alumnos con necesidades especiales. En 2012, el Instituto del Menor y la Familia, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales, retiró la estimulación complementaria que muchos de ellos recibían en los Centros de Atención Temprana alegando que los tratamientos estaban duplicado. La Federación de Autismo de Madrid rechazó de plano este argumento.

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