Los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz (Alicante) han pedido este miércoles durante una vista ante el Tribunal General de la UE (TJUE) no tener que devolver 265 millones de ayudas públicas recibidas de la Generalitat Valenciana que la Comisión declaró ilegales en mayo de 2012.

El recurso de la Ciudad de la Luz cuenta con el respaldo de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valencia, propiedad del Gobierno valenciano, y del Gobierno español. El TJUE dictará sentencia en los próximos meses.

Bruselas declaró ilegales las ayudas y ordenó su devolución alegando que "ningún inversor privado habría aceptado invertir (en la Ciudad de la Luz) en los mismos términos" que el Gobierno valenciano y que la financiación pública "distorsiona enormemente la competencia entre los principales estudios de cine europeos".

En el recurso presentado ante el TJUE, la Ciudad de la Luz sostiene que "la Comisión yerra en su análisis del principio del inversor privado y en su conclusión sobre la existencia de ayuda de Estado". En este sentido, argumenta que las inversiones de la Generalitat Valenciana en el complejo "se adoptaron tras la elaboración de sendos planes de negocios que establecían la rentabilidad previsible del proyecto".

Además, denuncia que la Comisión se niega a tener en cuenta que junto a los estudios cinematográficos existía también el proyecto de desarrollo de una zona comercial y hotelera en terrenos circundantes, lo que haría que la rentabilidad de la Ciudad de la Luz fuera "aún mayor".

Los estudios cinematográficos sostienen que, al estar ubicados en Alicante, el proyecto era elegible para recibir ayudas regionales. Al ser un gran plan de inversión, las autoridades españolas consideran que podría optar a ayudas regionales de una intensidad del 36%, algo que la Comisión no ha contestado.

Finalmente, la Ciudad de la Luz denuncia que Bruselas no ha motivado sus conclusiones según las cuales las ayudas a la construcción de los estudios no son necesarias, proporcionadas y adecuadas y no pueden acogerse tampoco, ni siquiera parcialmente, a la compatibilidad cultural.

Además, el Ejecutivo comunitario considera incompatible con las normas de la UE todo incentivo otorgado a productores cinematográficos con la condición de que rueden en Ciudad de la Luz, algo que según los recurrentes tampoco motiva adecuadamente y por ello piden al TJUE que anule también esta parte de la decisión.