El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. EFE

La Ley de Evaluación Ambiental, que incorpora el memorando sobre el trasvase Tajo-Segura e incluye el control ambiental de la fracturación hidráulica (fracking), entrará este jueves en vigor.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles esta norma que persigue simplificar y agilizar los tramites de evaluación ambiental que requieren todos los proyectos para iniciar su actividad: industriales, ganaderos, de extracción petrolíferas o minerales, carreteras, etc.

La ley incorpora el acuerdo impulsado entre las cinco comunidades autónomas de las cuencas del Tajo, del Segura y del JúcarLa ley incorpora el acuerdo impulsado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente entre las cinco comunidades autónomas (Valencia, Castilla- La Mancha, Murcia, Extremadura y Madrid) de las cuencas del Tajo, del Segura y del Júcar.

Precisamente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe este miércoles en la Moncloa a los presidentes de estas cinco comunidades que alcanzaron el acuerdo y que, según el Ejecutivo, "permitirá culminar la planificación hidrológica con el máximo consenso en estos tres grandes ríos, así como estabilizar el trasvase Tajo-Segura".

El memorando establece, entre otros, una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, por debajo de la cual no se autorizan trasvases. Estos 400 hectómetros cúbicos se alcanzarán en los próximos años, a razón de 32 hectómetros cúbicos por año desde la situación actual (240 Hm3).

Otra de las novedades que introduce la Ley de Evaluación Ambiental es el establecimiento de una serie de modificaciones en el régimen sancionador regulado por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para garantizar que las actividades que generan riesgos para el medio ambiente en los espacios protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000 se puedan sancionar.

Así, se tipifican expresamente infracciones como el "bunkering" mediante el fondeo permanente de buques-tanque, las llamadas gasolineras flotantes.

Además, la norma introduce la obligación de tener en consideración el cambio climático en la evaluación ambiental para lo que deberán utilizarse las informaciones y las técnicas que estén disponibles en cada momento.