La Junta denuncia que la ley de Garantía de la Unidad de Mercado "vulnera competencias de Andalucía en consumo"

Estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad

La Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, ha rechazado este miércoles la ley de Garantía de la Unidad de Mercado, al considerar que "no sólo invade competencias exclusivas de la Comunidad autónoma y de las entidades locales", sino que además "vulnera competencias estatutarias" sobre la protección de los consumidores. En este sentido, señala que la Junta de Andalucía va a estudiar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

Según informa en un comunicado la Junta, la norma, aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos del PP y el rechazo de la mayoría de los grupos de la oposición, "pretende suprimir obstáculos y agilizar el desarrollo de la actividad económica". Para ello, según destaca, "elimina requisitos y obligaciones de las empresas y prestadores de servicios, lo que supone menos garantías y protección".

Además, considera que olvida que, además del principio de unidad de mercado reconocido en la Constitución, existen otros como el de autonomía, así como un modelo de Estado y un reparto competencial que se debe respetar, añade la Junta.

La secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, ha rechazado "frontalmente" el carácter "recentralizador" de la ley, ya que, según indica, "promueve paraísos regulatorios dentro de nuestro estado incentivando la desregulación de la actividad económica y la falta de control en perjuicio del conjunto de la ciudadanía, lo que va a provocar conflictividad entre las autoridades competentes".

Además, Muñoz ha denunciado que esta norma "limita la capacidad y competencia de Andalucía" para dictar normas y legislar en defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios, dejando iniciativas normativas "en un cajón". Así, se ha referido a la futura ley de protección a las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria sobre la vivienda, entre otras muchas leyes "dictadas bajo las competencias exclusivas de Consumo en nuestra Comunidad Autónoma y que deberán ser obligatoriamente adaptadas".

Por otra parte, asegura que a partir de ahora las empresas se regirán por las normativas de las Comunidades Autónomas en donde radique su domicilio fiscal, siendo éstos válidos para el resto de administraciones, "que se encargarán únicamente de supervisar y controlar que se cumpla la normativa". De este modo, agrega que, "si la Junta detecta que una empresa que presta servicios en Andalucía incumple la normativa vigente en materia de Consumo, no podrá sancionarla sino que deberá comunicarlo a la autoridad de origen para que ésta adopte las medidas oportunas, incluidas las sancionadoras que correspondan de acuerdo con la legislación".

Este hecho, a su juicio, "choca frontalmente" con la ley de Consumo andaluza, que permite sancionar a cualquier empresa incumplidora, con independencia de donde se encuentre su domicilio.

Según Dolores Muñoz, "esta ley impide el desarrollo de las competencias sancionadoras en materia de Consumo y suponen una concentración de éstas en aquellas Comunidades Autónomas donde la mayor parte de empresas tienen su domicilio fiscal, en detrimento del resto".

Para Muñoz, "esta ley, amparada en la Directiva de Servicios, olvida deliberadamente los contenidos de ésta en materia de seguridad y garantías para las personas consumidoras, de hecho, ni siquiera son consideradas sujetos de la misma, sólo se ha tenido en cuenta el beneficio exclusivo de los grandes operadores de mercado, a los que sí les dedica atención expresa de su defensa, rompiendo el equilibrio existente hasta el momento".

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