El secretario de Estado Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha dicho este miércoles que el Gobierno recurrirá la devolución de la paga extra de diciembre de 2012 anunciada por las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla y León.

En declaraciones remitidas a los medios, Beteta ha explicado que hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie al respecto, la paga extra de diciembre de 2012 está suprimida por una norma que es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.

"En consecuencia, no podrán abonarse las correspondientes pagas extra del mes de diciembre de dicho año", ha afirmado el secretario de Estado.

Asimismo, ha incidido en que cualquier "acción unilateral" que cualquier administración pública lleve a cabo en este sentido será recurrida.

Beteta ha asegurado que el Gobierno es consciente "de la existencia de distintos procesos judiciales ante los órganos jurisdiccionales" respecto a la supresión de la paga extra y que está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

"Entre tanto no exista un pronunciamiento judicial que determine la exigencia de adoptar cualquier medida de carácter total o parcial en relación con la paga extra suprimida, deberá mantenerse en su total aplicación lo dispuesto en el real decreto ley (20/2012)", ha añadido Beteta.

Sin referirse a ninguna comunidad expresamente, Beteta ha hecho esta advertencia a todas las administraciones públicas después de que en los últimos días los gobiernos de Extremadura y Castilla y Léon hayan anunciado la devolución de parte de la extra suprimida en 2012.

En el caso de la Junta castellanoleonesa, la intención es devolver a plazos la parte de la extra devengada hasta el momento en que el Gobierno central acordó su supresión en julio de 2012.

El Ejecutivo extremeño también abonará la parte devengada y lo hará mediante un pago único que abonará a lo largo de 2014, para lo que ha habilitado una partida de 20 millones de euros.

El consejero de Administración Pública de Extremadura, Pedro Tomás Nevado-Batalla, ha justificado esta decisión en que cumple la legislación y en que existe una amplia jurisprudencia que respalda la devolución de los 44 días devengados de la paga extra.

Desde el Gobierno extremeño "respetan" la opinión del secretario de Estado Administraciones Públicas, pero han insistido en que tienen "razones que avalan de manera sobrada" su decisión de efectuar el pago de estos días, que "no la paga extraordinaria" en su totalidad.

"Creo que el secretario de Estado se ha referido más a la paga extra en su conjunto pero no a los 44 días desde el 1 de junio hasta el 14 de julio", ha subrayado el consejero, quien cree que con el pago de los mismos no se incumple el real decreto, ya que éste entró en vigor el 15 de julio.

Se trata de una decisión "muy meditada", tanto desde un punto de vista jurídico, tras valorar las resoluciones de los tribunales de justicia reconociendo este derecho, como económico, por "la posibilidad de hacer este esfuerzo" por parte de la Junta.

Además, supone "un reconocimiento y dignificación del empleo público" por parte de la Junta, puesto que "un Gobierno responsable no puede ir en contra de un elemento fundamental en la prestación de servicios públicos como son sus empleados".

"Extremadura no es cicatera con el derecho de los empleados públicos", ha añadido, al tiempo que ha recordado que muchos fallos judiciales ya dan la razón a demandas individuales respecto al devengo de la extra.

Por su parte, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, cree que el secretario de Estado Administraciones Públicas, Antonio Beteta, "se ha precipitado" al anunciar que recurrirá la devolución de la extra de diciembre de 2012 y ha recordado que hay que acatar las sentencias favorables a esa restitución.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Cortes regionales donde se celebra pleno, Del Olmo ha argumentado que se ha precipitado porque aunque Castilla y León ha anunciado que devolverá la extra, todavía no hay ningún acuerdo ni acto administrativo que se pueda recurrir, por lo que no sabe "qué es lo que va a recurrir".

La consejera de Hacienda ha sostenido que Castilla y León "va a cumplir lo que tiene que cumplir", esto es las sentencias que en los últimos meses han dado la razón a funcionarios de la Comunidad en cuanto a la restitución de la parte de la extra de diciembre de 2012 devengada pero no pagada.

El pago al que obliga esas sentencias supone además hacer frente a las costas e intereses de demora, que la Junta de Castilla y León intenta ahorrarse negociando con los sindicatos, para que además sea más fácil cumplir esos fallos judiciales.

Del Olmo ha recordado que como las sentencias responden al cumplimiento de un real decreto estatal, normativa básica de obligado cumplimiento, en el caso de que la Comunidad tenga que hacer frente a esas costas e intereses de demora se los "reclamará" al Gobierno central.

La consejera ha tranquilizado a Beteta en cuanto a su advertencia de que debe pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre la citada devolución de la paga extra, ya que en las negociaciones que hay con los sindicatos en Castilla y León ambas partes asumen lo que pueda dictar al efecto el alto tribunal.

Del Olmo ha preguntado además qué piensa hacer el Gobierno ante el anuncio de un buen número de entidades locales de que van a pagar esos 44 días devengados y no pagados e incluso algunas la extra en su totalidad.