Paralizan el desalojo de una madre y su hijo ciego de una vivienda de San Juan

  • Se ha alcanzado un acuerdo con la entidad financiera propietaria del inmueble.
  • El Ayuntamiento afirma que se ha acordado el pago de un alquiler social.
  • El pasado día 4 la mujer fue citada como imputada por un juzgado.
La localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, situada en un mapa.
La localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, situada en un mapa.
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La localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, situada en un mapa.

Xiomara A. P., una mujer de nacionalidad dominicana, con residencia legal en España, y su hijo ciego de 14 años no tendrán que abandonar la vivienda en la que residen en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Iban a ser desalojados, pero finalmente se ha alcanzado un acuerdo con la propietaria del inmueble (La Caixa). Según ha informado a 20minutos.es el Ayuntamiento de la localidad, se ha acordado el pago de un alquiler social.

Xiomara, que está siendo asistida por el Comité René Cassin de defensa de los derechos humanos, apunta que el Juzgado de Instrucción 15 les había dado a ambos tres días para dejar la vivienda, plazo que terminaba este miércoles. Sin embargo, el Consistorio mantiene que solo se había iniciado el proceso administrativo y que no había fijada fecha aún para el desalojo.

El abogado de Xiomara afirma que ella firmó un contrato de arrendamiento con el anterior propietario del piso sin saber que La Caixa se iba a quedar con él. Y que el pasado día 4 el juzgado la citó como imputada, por cometer "un acto punible" al ocupar el piso "sin conocimiento ni consentimiento" de su legítimo propietario,  que disponía de tres días para dejarlo "en perfecto estado".

Asimismo asegura que también le imputó haber entrado en la vivienda, en la calle Escritora Amantina Cobos de San Juan, "forzando su entrada e instalándose a vivir en la misma" en julio de 2013.

Xiomara declaró que se la alquiló a quien pensó que era el dueño, que le pagó varios meses de alquiler (tiene recibo de algunos) y que dejó de pagar cuando se enteró de que el banco se lo había quitado.

Según su abogado, el juzgado requirió a la Policía Nacional para que comprobase que la casa había quedado cerrada y desocupada y en caso contrario procediese a su desalojo.

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