Trib.-Fiscalía eleva a 4 años la petición de cárcel para el funcionario de la SS por acceder ilegalmente a datos

El acusado alega que no percibió contraprestación económica y que estaba en la creencia de que realizaba un servicio público

Fiscalía de Valladolid ha elevado a un total de cuatro años, frente a los veinticinco meses iniciales, su petición de cárcel para el que fuera jefe de Negociado en el Departamento de Afiliación de la Administración de la Seguridad Social 47/03, Francisco José G.P, al considerar probado que, al menos entre agosto de 2008 y julio de 2009, accedió a datos de particulares y empresas ajenos al cometido que tenía encomendado para facilitarlos a terceros.

La solicitud de la acusación pública, a la que se ha adherido la acusación particular ejercida por la Tesorería General de la Seguridad Social, se produce después de que el acusado, ya jubilado tras más de veinte años de servicio como funcionario, reconociera ante la Audiencia de Valladolid que en el referido periodo objeto de investigación efectuó un total de 8.936 transacciones informáticas relativas a domicilios, datos de filiación y vidas laborales que compartió con terceros.

El procesado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha alegado que en momento alguno pensó que su actuación constituyera un delito de descubrimiento y revelación de secretos sino que, en cambio, "estaba en la creencia de que se trataba de la prestación de un servicio público", sobre todo cuando, como así ha explicado, buena parte de esa información facilitada, fundamentalmente domicilios, fue a petición de la Policía Nacional, la Guardia Civil y en otros casos a requerimiento de la mutua Ibermutuamur y de la gestoría Conde sobre altas y bajas en empresas.

El ya exfuncionario ha insistido en que "no tenía conciencia de que ello fuera ilegal", sobre todo porque, tal y como ha apuntado, no percibió por ello compensación económica alguna, ni siquiera cuando la información la facilitó a amigos o al jefe de seguridad de El Corte Inglés en Valladolid, un expolicía al que conocía y que le solicitaba datos de posibles morosos, ni tampoco a pesar de que al acceder al ordenador con su clave de usuario apareciera en la pantalla la advertencia de que se trataba de datos protegidos de los que no se podía hacer un uso indebido.

Dificultar las multas de la ora

Sí ha reconocido que modificó el domicilio del entonces jefe ejecutivo en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 47/03, Javier G.G, compañero de trabajo en la misma oficina de la calle Joaquín María Jalón, haciendo constar que residía en Fuerteventura y no en Tordesillas, a petición de este último y con el único propósito de dificultar que le llegaran las multas de la ORA de la Policía Municipal, extremo este último que ha reconocido en el juicio el propio beneficiado.

Por su parte, el director de la Administración número 3 de la Seguridad Social 47/03, jerónimo G.C, y su predecesora en el cargo, Rosalía A.P, han coincidido al recordar que el acusado no sólo era una persona con ciertas limitaciones técnicas en las que no se podía confiar mucho sino que, en palabras de la segunda, era a menudo reprendido por su costumbre de ausentarse del trabajo.

En este sentido, el propio aludido ha reconocido que su horario era de 07.30 a 15.00 horas pero que en ocasiones se iba a desayunar a las 12.00, "y había días que volvía y otros que no".

Fuera de la demarcación

Pero además, el todavía hoy director de la referida administración, tras precisar que las tareas del procesado se centraban en el registro de la entrada y salida de escritos, así como en lo relativo al Régimen Especial de trabajadores taurinos y en altas y bajas de trabajadores en el extranjero, fundamentalmente de empleados de Renault, ha ratificado su "extrañeza" ante el elevado número de transacciones informáticas realizadas por el funcionario, dado el reducido ámbito competencial asignado, y sobre todo las relativas a trabajadores y empresas ajenos a la demarcación de Valladolid.

Sobre la facilitación de datos a la Guardia Civil y la Policía Nacional, tanto jerónimo G.C. como su antecesora en el cargo han sostenido que, conforme a una "buena praxis, hay un procedimiento formal no reglado que requiere de una petición por escrito y que la misma se encuentre debidamente motivada", algo que el procesado nunca requería y que, según reconoció en su día en el ámbito del expediente administrativo abierto, venía realizando en los últimos diez o doce años.

En la misma línea, José Carlos A.C, inspector de Servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha sido taxativo al afirmar que lo llamativo del caso no es sólo el elevado número de operaciones informáticas y que las mismas se refieren a personas y empresas ajenas a Valladolid sino el horario de su realización.

"Se detecta un pico entre las 07.00 y las 09.00 horas, cuando aún no está la oficina abierta al público", ha indicado el inspector, en clara alusión a que las operaciones respondían a un fin particular del procesado.