El pleno del Parlamento Europeo ha dado este jueves su visto bueno al acuerdo para reformar la Política Pesquera Común (PPC) que contra la sobrepesca como la gestión de los recursos en base a su rendimiento máximo sostenible y la eliminación progresiva a partir de 2015 de los descartes, aunque con algunas excepciones.

El fin de los descartes ha sido una de las claves una negociación en la que la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, exigió "tolerancia cero" hacia esta práctica, que supone arrojar al mar las capturas —generalmente ya muertas— que no interesan a los pescadores por su escaso valor comercial o por las dificultades de conservación en alta mar.

Sin embargo, los países con las mayores flotas, como España, presionaron para introducir cierta flexibilidad y suavizar el veto total a los descartes, que representan una cuarta parte del total de capturas de la flota comunitaria. El sector pesquero en la Unión Europea genera 35.600 millones de euros y supone 310.000 empleos, según datos del Parlamento Europeo.

Finalmente, la prohibición se introducirá de manera progresiva entre 2015 y 2020 y permitirá al final de este tramo un 5% de descartes autorizado, una cifra que media entre el 7% que pedían los gobiernos y el 3% que la Eurocámara dijo estar dispuesta a aceptar en las negociaciones.

Gestión sostenible y reducción de la capacidad de la flota

Para lograr este objetivo, la nueva PPC obligará a los barcos a descargar al menos el 93 % de las capturas en 2015 y 2016, el 94 % en 2017 y 2018 y el 95 % a partir de 2019. Además, se podrán fijar excepciones para los pescadores que acrediten serias dificultades para realizar capturas más selectivas o cuando la transformación de las capturas accesorias conlleve costes desproporcionadamente altos.

Según los datos ofrecidos por Bruselas, el 80 % de las poblaciones pesqueras en el Mediterráneo y el 47 % en el Atlántico sufren sobrepesca, lo que pone en riesgo su futuro. Por ello, la reforma se compromete con la pesca sostenible y proteger el rendimiento máximo sostenible para que no se puedan pescar por encima de este índice, que establece el límite de capturas posible de una especie sin mermar su recuperación.

Con la reforma, los Estados miembros asumen también la responsabilidad de reducir la capacidad pesquera de sus flotas para ajustarlas a los recursos disponibles. Aunque los países podrán elegir las medidas con las que trabajar en esta línea, también se enfrentarán a la suspensión de fondos europeos si se constata que no cumplen con los esfuerzos marcados.

Por otro lado, la PPC reconoce las particularidades de las regiones ultraperiféricas y reconoce la necesidad de apoyar a las zonas costeras para generar empleo en el sector, al tiempo que mantiene medidas de protección de la pesca artesanal, como la restricción de acceso a los recursos dentro de las primeras 12 millas náuticas.

El reparto de cuotas entre la flota de cada país deberá, además, responder a criterios específicos, objetivos y transparentes, que tengan en cuenta aspectos medioambientales, sociales y económicos. El objetivo es beneficiar a los segmentos de la flota que acrediten ser fuente de empleo y tener un menor impacto negativo en el entorno.