El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha recordado la obligación de los gobiernos de velar por que todos los ciudadanos tengan garantizados sus derechos "por encima de ideologías y partidismos", al tiempo que ha reconocido que "aún queda mucho por hacer" en esta materia.

Monago ha hecho estas declaraciones este martes durante la inauguración de las II Jornadas de Derechos Humanos que se celebran en el Colegio de Abogados de Badajoz organizadas por el Observatorio de Derechos Humanos de este colegio, el único que cuenta con un observatorio de estas características.

Al acto han asistido el presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés; el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Patrocinio; y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Aurelio Blanco, entre otros.

En estas jornadas, que coinciden con la celebración del 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una treintena de colectivos sociales junto a parlamentarios extremeños debatirán durante dos días sobre la vulneración de los derechos de las personas a causa de la pobreza, la discapacidad, el sexo, la raza o la religión, además de tratar la situación del Sáhara Occidental y de la cooperación extremeña.

Monago ha recordado el "gran acontecimiento" que supuso la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos Humanos y lo que se ha avanzado en esta materia en estos 65 años, aunque ha asegurado que "aún queda mucho por hacer dentro y fuera de España".

En este sentido ha asegurado que no se habrá terminado la tarea hasta que no se respete de igual forma a todos los ciudadanos, del mismo modo que ha recordado la necesidad del consenso para la solución de los problemas porque, según ha afirmado, "las grandes batallas se ganan juntos".

Mandela y tasas judiciales

En el acto inaugural se ha recordado en varios momentos la figura de Nelson Mandela, cuyo funeral se celebra este martes, así como su papel en la defensa de los derechos humanos, y también se ha reivindicado por parte del Colegio de Abogados de Badajoz la eliminación de la ley de tasas judiciales, aprobada hace un año, al considerar que no queda garantizada la tutela judicial efectiva a todas las personas.

En este sentido, la directora del Observatorio de los Derechos Humanos, Rosalía Perera, ha anunciado que esta entidad realizará un estudio riguroso de personas "que ven mermados sus derechos por esta ley de tasas".

También Joaquín Espinosa, decano del Colegio de Abogado de Las Palmas y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía, al que se le ha rendido un homenaje por su trayectoria personal y profesional en la defensa de los derechos humanos, se ha mostrado en contra del cobro de las tasas.

En su opinión, esta ley ha dejado a "una gran cantidad de personas sin posibilidad de defenderse" y ha creado tres clases de ciudadanos, los que tienen dinero y pueden pleitear, los que no pero tienen derecho al turno de oficio y a "una gran mayoría de ciudadanos que no son ninguna de las dos cosas y no pueden defenderse".