El Ministerio de Justicia tiene previsto poner en marcha de forma progresiva a partir del próximo año las denominadas "salas amigables" para que presten declaración los menores en los procedimientos judiciales en los que sean víctimas de abusos sexuales con el fin de que no coincidan con sus agresores.

Arrancarán en Murcia a modo de experiencia piloto en el segundo semestre de 2014 con la intención de que se implanten posteriormente en el resto de las sedes judiciales de las diferentes comunidades autónomas.

Este anuncio lo ha realizado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante su discurso inaugural de la conferencia "Prevenir el abuso sexual infantil" del Consejo de Europa, en el que ha advertido de que esta lacra afecta a uno de cada cinco niños en el mundo.

El ministro ha destacado el compromiso del Gobierno de España para luchar contra este tipo de delitos, que se refleja en la tramitación ya en el Congreso de los Diputados esta semana de la reforma del Código Penal para dar una respuesta adecuada a la gravedad de estas conductas.

Una de las medidas subrayadas por Ruiz-Gallardón para reforzar la protección de los menores es la referida de las "salas de justicia amigables".

Ha explicado que el objetivo es evitar que la víctima coincida en su comparecencia judicial con su agresor y evitar así una "victimización secundaria o reiterada".

Ruiz-Gallardón ha explicado que estas salas permiten la exploración y declaración de los menores víctimas de abusos sexuales en un clima de confianza.

Se trata de una serie de espacios públicos ubicados en los juzgados y destinados al trabajo de los psicólogos, la exploración de los menores víctimas de abusos y su declaración judicial en un entorno de confianza a través de un sistema de vídeo-vigilancia que permite mantener comunicación con el tribunal e incorporar el testimonio del niño al procedimiento.

Las obras de estas salas comienzan ahora y concluirán en marzo de 2014 de manera que puedan entrar en funcionamiento en el segundo semestre del año próximo en Murcia como iniciativa piloto.

En la actualidad existen algunas salas similares en Andalucía pero no dependen de la Administración de Justicia sino de organizaciones no gubernamentales y de asociaciones que trabajan con menores.

El ministro ha destacado que la revisión que se realiza de la normativa civil y administrativa permite reforzar el interés superior del menor ante los poderes públicos para protegerle contra toda forma de violencia, incluidos los abusos sexuales y la explotación.

Además, considera causa de desamparo dichos abusos cuando sean cometidos por personas de la unidad familiar o por terceros con consentimiento de estas o cuando exista el riesgo de explotación sexual.

Entre las novedades incluidas en el nuevo Código el ministro ha detallado que la edad de consentimiento sexual se eleva a los 16 años, que se tipifica como delito el hacer presenciar a un menor de edad actos de naturaleza sexual y que se mejora el tratamiento penal de los delitos de explotación de esta índole con nuevas herramientas para luchar contra la pornografía infantil.

La asistencia a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que intervengan menores será sancionada, como las imágenes de menores participando en conductas sexualmente explícitas, aunque no obedezcan a actos realmente ocurridos.

Se castiga la adquisición para uso propio de pornografía infantil, con especial atención al acceso a sabiendas a estos contenidos por medio de las tecnologías de la comunicación y se faculta a jueces y tribunales para que puedan ordenar las medidas necesarias para la retirada de páginas web de esta naturaleza.

También se refuerza la protección en internet al introducir un nuevo tipo delictivo para sancionar a quien contacte con un menor de 16 años y trate de embaucarle para que facilite material pornográfico.

Por último, el ministro ha dicho que se penaliza a quien teniendo bajo su potestad tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad y conociendo su estado de prostitución o corrupción no haga lo posible para impedirlo o no acuda a la autoridad competente.