Desde que la infanta Cristina fuera imputada en el 'caso Nóos', en abril de este 2013, y posteriormente desimputada, apenas un mes después, el goteo de informaciones sobre su patrimonio, movimientos económicos, gastos y compras ha sido constante. La procedencia de estas informaciones son los informes que la Agencia Tributaria ha ido periódicamente remitiendo al juez Castro, que instruye el citado presunto caso de corrupción.

Aunque mucha de esta documentación tiene como principal protagonista al marido de doña Cristina, Iñaki Urdangarin, otra buena parte está destinada a constatar las diferentes decisiones financieras de la hija del rey, que es propietaria al 50% de Aizoon, la empresa pantalla usada por el duque de Palma (propietario del otro 50% y administrador único de la misma) para supuestamente cometer fraude fiscal y desviar capitales.

Poco después de que la Audiencia de Palma dejara en suspenso la imputación de la infanta, un nuevo informe de Hacienda apreciaba "sólidos indicios" de facturas falsas y operaciones simuladas por parte del Instituto Nóos que presidieron Urdangarin y su exsocio, Diego Torres. En un apartado de ese mismo informe, los técnicos de la Agencia Tributaria revelaron que la infanta vendió tierras por valor de 1,43 millones de euros tras la compra —por casi 6 millones— del palacete Pedralbes. Además, en un documento paralelo de la la Agencia Tributaria (AEAT) de Cataluña, también se aseguraba que tanto doña Cristina como su marido declararon sus cuentas en el extranjero por valor de 53.419 euros.

Entre tanto informe, y muy poco después, junio de este año, Hacienda reconoció que había atribuido propiedades a la infanta "sin comprobar" los datos recibidos. En sus explicaciones públicas, el ministerio aseguró que en la información recibida por la Agencia para elaborar su dossier constaba el mismo DNI que el de doña Cristina. Un mes después, y tras esta polémica, la propia Hacienda reconocía ante Castro que en su informe erróneo no incluyó que en 2006 la hija de Juan Carlos obtuvo ingresos por vender el piso cuya propiedad compartía con Urdangarin en Barcelona.

Después del verano, nuevos documentos —elaborados por la Agencia Tributaria y publicados por el diario El Mundo— recogían que la infanta firmó un contrato de alquiler en el que ella misma era arrendataria y arrendadora para generar gastos falsos de Aizoon y desviar fondos públicos de Nóos. Según este informe, doña Cristina firmó un contrato fraudulento junto a Urdangarin para hacer creer a Hacienda que la residencia de Pedralbes era sede de las oficinas de Aizoon.

Pero hay más. En uno de los últimos informes remitidos a Castro, el pasado noviembre, Hacienda constataba que Aizoon defraudó 281.109 del impuesto de sociedades de 2007 a 2010. En dicha memoria, de 192 páginas, se subrayaba el hecho de que Aizoon, y no el propio Urdangarin, fuese contratada por las sociedades receptoras de los servicios que prestaba el duque. Según inferían los técnicos del Estado, el propósito de todo ello era que los ingresos obtenidos por estas labores pudieran ser ocultados en la declaración del IRPF del esposo de doña Cristina.

Y así se llega a diciembre, cuando según un postrero dossier de Hacienda, el último hasta el momento, los duques de Palma gastaron 436.703 euros de Aizoon en su casa. En el mismo informe, los técnicos de la Agencia han analizado asimismo los pagos realizados con las dos tarjetas Visa Oro asignadas a las cuentas de Aizoon de las que son titulares Urdangarin y la infanta. Según las investigaciones, los gastos de la infanta con dicha tarjeta ascienden a 1.985 euros y los de Urdangarin a 92.031, gastos que correspondían a billetes de tren, facturas de restaurantes, alojamientos en hoteles, peajes, libros, ropa y regalos.