El instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la querella de la Fiscalía contra el juez Elpidio José Silva ha acordado seguir la causa abierta contra éste por delitos contra la libertad individual y uno de prevaricación, entre otros, y le ha fijado una fianza civil de 8.000 euros.

En un auto, el magistrado Jesús Gavilán transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a Silva, el juez que ordenó encarcelar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en dos ocasiones.

Gavilán da un plazo de diez días a las partes personadas —entre ellos Blesa y su abogado—, para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, así como la práctica de diligencias complementarias.

Tanto la Fiscalía como Blesa y su abogado, personados en la causa, solicitarán en breve que se juzgue a Silva por estos delitos, han informado fuentes jurídicas. Según el magistrado, han quedado constatados "con carácter indiciario" los hechos denunciados por el fiscal, que acusa al juez de dos delitos contra la libertad individual, uno de prevaricación, entre otros y otro de retardo malicioso en la administración de Justicia.

Basándose en todos los argumentos por los que la Audiencia Provincial de Madrid declaró nula la causa el pasado junio, concluye que la valoración de las distintas resoluciones que dictó Silva y "especialmente", la "concatenación de todas ellas", confirman "la existencia de indicios racionales bastantes" en su contra.

De esta forma, relata la "improcedente" reapertura, en noviembre de 2011 y sin "dato nuevo alguno que los justificase", del caso en el que investigaba la concesión de un crédito de 26,6 millones al Grupo Marsans de Gerardo Díaz Ferrán que él mismo había archivado dos años antes, y del que luego desgajó el de la compra del City National Bank de Florida, por el que envió a Blesa a prisión.

Por otra parte, Silva se ha reincorporado este mismo lunes a su Juzgado tras cumplir la sanción de cuatro meses de suspensión que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque se abstendrá de la causa en la que investigaba la compra de un banco en Florida por la que ordenó encarcelar a Blesa.

Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado se abstendrá de conocer dicho procedimiento dada la causa que se sigue contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a raíz de una querella de la Fiscalía, a la que se adhirió el propio Blesa, en la que se le acusa de dos delitos contra la libertad individual y uno de prevaricación, entre otros.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece como motivos por el que un juez debe abstenerse el de "estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento". Otra razón es la de "haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes".