La Fiscalía de Cantabria ha solicitado una pena de tres años de cárcel para la administradora de una empresa dedicada a la oferta, venta y construcción de viviendas por un delito continuado de estafa, ya que está acusada de quedarse con más de 76.700 euros de tres matrimonios por unas casas que no se llegaron a ejecutar.

El juicio contra E.M.H.C., sin antecedentes penales, se celebrará este martes, 10 de diciembre, a las 9.30 horas en la Sección 1 de la Audiencia de Cantabria.

De acuerdo con el escrito del fiscal, consultado por Europa Press, los hechos ocurrieron en septiembre de 2006, cuando la acusada, que era la única administradora de la mercantil, firmó contratos de llave en mano de viviendas unifamiliares con tres matrimonios, mediante los cuales la empresa se comprometía a construir estas casas en cada una de las parcelas que los firmantes tenían Prezanes, en Santa Cruz de Bezana.

Asimismo, el contrato incluía la realización de un estudio geotécnico de las parcelas, levantamiento topográfico y la ejecución de todos los trámites necesarios para contratar los profesiones encargados de las obras, incluyendo la tramitación de licencias y permisos.

Para todo ello, los tres matrimonios contratantes adelantaron a la empresa una parte del precio acordado, en concreto 24.906 euros, 25.011 y 26.837 euros.

La acusada firmó los contratos "a sabiendas" de la "total imposibilidad" de su ejecución, y ocultando a los clientes las "serias dificultades económicas" por las que atravesaba la empresa desde diciembre de 2005.

La mujer no ejecutó ninguno de los trabajos estipulados y se apoderó de las cantidades recibidas, cerrando a lo largo de 2006 las oficinas de la empresa y presentando en 2008 demanda de concurso voluntario.

Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito continuado de estafa, por lo que pide tres años de cárcel y multa de 3.600 euros. Asimismo, deberá indemnizar a los matrimonios con las cantidades que abonaron.

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