El Gobierno ha decidido traspasar la gestión de los profesores de Religión de Infantil y Primaria a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria, que en su día renunciaron a asumir esta competencia, porque considera, por un lado, que el Ministerio de Educación no puede controlar su labor "adecuadamente" y, por otro, que así ahorrará dinero a la Administración General del Estado.

Esta medida está recogida en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), según el cual, "no hay razón alguna que justifique la falta de traspaso a las cuatro comunidades autónomas que aún lo tienen pendiente" de la gestión de esta parte del profesorado de Religión. El plazo que da para hacerlo es de 12 meses.

Efectuar este traspaso, a juicio del Gobierno, sería "llevar su puro y debido efecto la asunción de las competencias que en materia de enseñanza no universitaria establecen los Estatutos de Autonomía" de estas comunidades, conforme argumenta la subcomisión de Duplicidades Administrativas autora del documento. Además, asegura que el cambio supondrá un ahorro, aunque no concreta de qué importe.

"No es fácil determinar el ahorro que se va a producir con la puesta en marcha de la medida, pero si es cierto que el coste del profesorado de religión se ha ido incrementando en los últimos años y el número promedio permanente de profesores sustitutos se considera muy elevado, con lo que el traspaso va a suponer, sin ninguna duda, un ahorro de costes para la Administración General del Estado", dice el informe.

Aunque Andalucía, Aragón y Canarias tienen transferidas las competencias en Educación desde los años 80 y Cantabria desde 1998, y el Gobierno ha traspasado a todas ellas "los efectivos o las dotaciones presupuestarias para hacer frente al pago de las retribuciones de los profesores de religión" de Secundaria, no se llegó a efectuar el cambio con los de Infantil y Primaria.

La razón principal, conforme recoge el documento del Gobierno, fue el conflicto que se abrió con los profesores de religión cuando se incumplió la previsión contenida en los acuerdos con la Santa Sede de equiparar antes de 1999 el salario de estos docentes con los de los interinos, lo que dio lugar a "un sin fin de procedimientos" que acababan "condenando siempre al Estado a pagar esas diferencias retributivas".

Superado esto, y con la situación "pacificada", según el informe, tras el Real Decreto que en 2007 definió la situación del profesorado de religión, "no hay razón alguna" para que estas cuatro comunidades autónomas no asuman la gestión de estos trabajadores, una medida que "sin ninguna duda", generará ahorro para el Estado.