La Audiencia de Málaga ha confirmado la sentencia que condenó a dos personas en relación con la estafa a través de cartas que en las que se comunican falsos premios de lotería. Así, a los acusados se les condena por un delito de conspiración para la estafa, imponiendo a cada uno tres meses de prisión; aunque a uno se le condena, además, a otros tres meses por un delito de falsedad en documento.

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, que enjuició el caso, declaró probado, según recoge la sentencia de apelación de la Audiencia a la que tuvo acceso Europa Press, que los dos acusados, un hombre y una mujer, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo la estafa, teniendo en su poder varios documentos dirigidos a ciudadanos de Estados Unidos.

En esos documentos se les informaba de que habían sido agraciados con un premio de la lotería española, solicitándoles todos sus datos personales y bancarios. El objetivo era que las víctimas enviaran dinero en concepto de comisiones, aunque los acusados no llegaron a consumar sus propósitos, al serles intervenido ese material en una operación policial en enero de 2006.

Además, en el locutorio propiedad del hombre se encontraron libretas de ahorro, extractos de cuentas, nueve ordenadores y un pasaporte de la República de Nigeria, con validez hasta 2010, que resultó ser falso. Por otra parte, se absuelve a otros dos acusados, al no tener constancia ni quedar probado que intervinieran en esta actividad ilegal.

Por estos hechos, se les condenó al hombre y a la mujer y las defensas presentaron un recurso de apelación, al considerar que hubo error en la valoración de la prueba. Pero la Sala entiende que no existe tal error, sino que llega a la misma conclusión que el primer juez sobre la culpabilidad de los acusados, en virtud, primero, de los documentos existentes.

Asimismo, también se tienen en cuenta los informes que realizaron los investigadores analizando los archivos intervenidos, en los que aparecen logotipos de la lotería española y otros escritos con nombres de personas residentes en Estados Unidos. Se descarta que esa documentación fuera de una tercera persona, puesto que parte fue intervenida en poder de la acusada.

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