El informe forense remitido al juzgado que debe dirimir si existió una presunta mala praxis en la muerte en enero de 2013 de una mujer de 45 años y su bebé no nato en el Hospital de Poniente, en El Ejido (Almería) sostiene que, si bien la asistencia se atuvo a los protocolos médicos, existían al menos "tres opciones" más de actuación profesional que "podrían haber evitado el resultado final", con una "atención mayor".

En concreto, hace alusión a que, frente a la actitud "conservadora pero ajustada a la 'lex artis'" de los sanitarios con una paciente "cumplida, con poco líquido, de avanzada edad y con el cuello del útero mal", se podría haber planteado un "tratamiento más agresivo y optar por la cesárea para no tenerla tantas horas con inducción" al parto.

"Quizá sea el protocolo de ese hospital pero qué duda cabe de que una conducta más resolutiva y menos conservadora, indicando la cesárea antes en un parto que apenas progresa en 12 horas, podría haber hecho variar el resultado final en este procedimiento", indica el informe emitido por el Instituto de Medicina Legal (IML), al que ha tenido acceso Europa Press.

Esta conclusión y otras que se recogen en esta pericial, que contrastarían con la afirmación de que la actuación profesional médica fue "conforme a la 'lex artis'", han llevado al abogado de la familia de I.G.R. y de la Asociación 'El Defensor del Paciente', Ignacio Martínez, a solicitar al Juzgado de Instrucción número 3 de El Ejido que señale día y hora para citar al forense que firma el informe "a fin de que responda a preguntas relacionadas y que resultan fundamentales para la instrucción".

En el escrito justifica la comparecencia en que el IML "detalla varios puntos muy importantes que se apartaron de una diligencia o atención mayor que pudo haber evitado el fatal desenlace de madre e hijo"; en la necesidad de que la jueza valore "de primera mano" las respuestas del forense sobre estos extremos, "que en opinión de mi parte —añade— sí infringieron protocolos y la 'lex artis'" y en que lo "complejo del caso, podría hacer interminable el cruce de escritos para ampliación o aclaración del informe forense".

Las cuestiones que han llevado a solicitar esta diligencia y que aportan "ambigüedad" a la afirmación emitida por los peritos acerca de que el procedimiento realizado podría ser "común al seguido por protocolo en otros hospitales y por otros médicos", aparecen divididos en dos momentos temporales.

En primer lugar, hace consideraciones sobre la primera consulta médica que tuvo lugar el 26 de diciembre de 2012. Apunta el forense que el que la paciente tuviera 46 años, se encontrase en la semana 40+2 de embarazo con cuello uterino "cerrado y formado", y presentase líquido amniótico escaso, eran "posibles señales de alarma que podrían plantear como opción terapéutica una inducción o cesárea, o controles más frecuentes cada 48 o 72 horas por ejemplo".

A continuación, entra a analizar el ingreso hospitalario que se produjo el 31 de ese mismo mes y detalla que, a la vista de los datos que obran en el informe de urgencias, la tensión arterial elevada que se interpretó como producida "por el nerviosismo" podría haber planteado "como opción más diligente a la normalmente debida que no se le subiese a planta" y que se le sometiese a "una vigilancia más exhaustiva".

"experiencia o arte médico"

Recoge, asimismo, en referencia al fallecimiento del bebé no nato, que si bien "no es que fuera urgente provocar el parto", si señala que "por lo menos haber escuchado los latidos fetales o haber practicado una TNS por la noche, hubiera sido actuar con mayor diligencia o atención, que, quizás, podría haber detectado alguna anomalía en el bienestar fetal que hubiese modificado la atención de los médicos".

Con respecto a la inducción al parto que se decidió a la mañana siguiente una vez que se detectó que el feto había muerto aunque estaba "vivo al ingresar en el hospital", asegura que se puede "razonar efectivamente que esta actuación es correcta. "Sin embargo, —ahonda— una actuación más activa hubiese llevado a pensar, y aquí es donde se enfrenta la experiencia o el 'arte médico' a los protocolos, que el cuello de útero de una mujer de 46 años muy cerrado es poco probable que responda".

Cuestiona, en esta línea, que el médico no pensase "en otra opción distinta a la de aplicar el protocolo de manera estricta" después de nueve horas en las que la dilatación en la inducción al parto "apenas había variado" y que la cesárea urgente se decidiera a las 07,00 horas del día 2 de enero de 2013 cuando el TAC a la paciente reveló disnea compatible con una embolia de líquido amniótico.

J.G.R. falleció "finalmente a causa de esta complicación" que ocurre "clásicamente cuando el parto es prolongado o dificultoso".

Los familiares de la fallecida han lamentado la "ambigüedad" con la que se ha pronunciado el IML y han considerado que con las conclusiones el forense "no se ha querido mojar". "Se puede probar que se saltaron el protocolo. Está muy claro y por eso queremos que responda delante del juez, del fiscal y de nuestro abogado en vez de esperar a que se conteste por escrito, con lo que eso retrasa el procedimiento".

En esta línea, en declaraciones a Europa Press y tras expresar su esperanza en que la nueva titular del juzgado siga la línea de celeridad con el caso que su antecesor, ha mostrado "perplejidad" ante la actuación del personal médico. "No fue una actuación de un solo día, fueron varios y no podemos entender que ante esos síntomas y con el acceso a las pruebas que tenían, actuasen de ese modo".