El 70% de las viviendas anteriores a 1973 –alrededor de 14 millones en toda España– tienen deficiencias y no cumplen las exigencias mínimas de seguridad, según refleja el último documento técnico publicado por la Plataforma para la Revisión de Instalaciones Eléctricas.

Esta agrupación pide un mayor control para acabar con esta situación de inseguridad, que también afecta a las instalaciones de agua y gas.

Más de 17 millones de viviendas tienen tomas de corriente inseguras y más de seis millones carecen de tomas de tierra o diferenciales, una protección básica contra las sobrecargas eléctricas.

"Es fundamental también que todos los inmuebles cuenten con contadores centralizados, y no individuales en cada vivienda", afirma Aránzazu Sánchez, asesora industrial del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, quien asegura que estas ‘cajas de la luz’ y su deficiente mantenimiento son un peligro potencial.

Falta de concienciación

"Es un problema de concienciación ciudadana", asegura Sánchez, quien afirma que, aunque cada vez más fincas antiguas inspeccionan sus instalaciones, todavía queda una gran labor por hacer. Para quien se decida a hacerlo, hay que recordar que las revisiones deben ser realizadas por instaladores inscritos en el registro del Ministerio de Industria.

El mantenimiento deficiente de las instalaciones eléctricas está, según el documento, detrás de muchos de los cerca de 5.000 accidentes domésticos que se producen en España cada año por descargas y cortocircuitos, que arrojan un balance de más de 150 muertos y 1.500 heridos al año por causas eléctricas.

Tampoco se libran de su cuota de siniestralidad las instalaciones de agua y gas, responsables del 11 y el 17% de los accidentes domésticos, respectivamente.

Para evitarlos, hay que cerciorarse de que todos los conductos están en perfecto estado y contar con medidas básicas de seguridad, como un detector de fugas –en el caso del gas– y válvulas antirretorno y reguladores de presión, para el agua.

Pocas revisiones

Electricidad: A pesar de la peligrosidad de estas instalaciones, el Reglamento de Baja Tensión sólo contempla revisiones para las que tengan más de 100 kilovatios, por lo que la mayoría de los edificios no se someten a ese control.

Agua: La ley tampoco obliga a hacer revisiones en el suministro de agua, aunque los expertos recomiendan que se efectúen cada ocho años, como máximo.

Gas: Las inspecciones oficiales se deben realizar cada cuatro o cinco años, dependiendo del tipo de gas y de la legislación de la comunidad autónoma en la que esté situado el inmueble.