El sindicato CCOO ha anunciado que va a solicitar reuniones con todos los portavoces de los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía para pedirles que, haciendo uso de los instrumentos democráticos de que disponen, rechacen la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y actúen para que dicha ley no se implante en Andalucía.

Según recuerda el sindicato en un comunicado, la Lomce, que ha contado con "el rechazo político y social de toda la comunidad educativa" desde la presentación de su primer borrador en septiembre de 2012 y "ha provocado dos huelgas generales en educación", ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados con el único apoyo del Partido Popular. Por ello, CCOO ha exigido a la Cámara autonómica que utilice "todos los instrumentos democráticos a su alcance" para evitar su implantación en la comunidad.

En opinión del secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, "tras la aprobación unilateral de la Lomce el Parlamento de Andalucía tiene la obligación de buscar mecanismos democráticos para evitar su implantación, especialmente de aquellas medidas que más atacan a la educación pública andaluza, al no respetar nuestro propio marco legal".

Blanco ha señalado que prefiere no hablar de insumisión porque "en un estado democrático se ha de trabajar desde el respeto a los principios democráticos, aunque otros no lo hagan, pero sí es momento de actuar desde la resistencia evitando el ataque que se está orquestando contra la escuela pública". Para CCOO, el Parlamento de Andalucía debe, en base al propio Estatuto de Autonomía y a la Constitución, "no aplicar medidas que son contrarias a los principios democráticos que se recogen en nuestras leyes básicas".

Según el dirigente sindical, "hay razones de peso que sustentan su argumentario", como es que el derecho universal a la educación tiene que estar garantizado por los poderes públicos. "Sin embargo, se pone en cuestión la universalidad del derecho a la educación al introducir la expresión 'titulares del derecho a la educación', ha manifestado.

Igualmente, la educación "implica un compromiso ético con la sociedad y con la convivencia democrática, y la segregación escolar que marca la ley opera contra la igualdad que sustentan nuestras leyes básicas". Además, la construcción del conocimiento que define la nueva ley y las medidas que plantea sobre cohesión social "son contrarias a los principios de equidad y equilibrio social que forman el eje central de nuestra Carta Magna y de nuestro Estatuto".

Por último, Blanco ha señalado que "es el momento de que nuestro Parlamento haga uso del poder otorgado por el pueblo y evite que se lleve a cabo a una ley contraria a los principios democráticos que sustentan nuestra sociedad e incluso, de ser necesario, a través de la presentación de recursos judiciales sobre las medidas que impone, porque atacan nuestro Estatuto y nuestra Constitución Española".