El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, ha recalcado que el apoyo de la comunidad a la reforma planteada en el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es un "apoyo motivado", ya que, en su opinión, soluciona algunos de los problemas que padecían las administraciones locales.

El responsable autonómico ha comparecido en el pleno del Parlamento de Extremadura, a petición del PSOE, para informar sobre la posición del Ejecutivo regional ante la reforma planteada en dicho proyecto de Ley, actualmente en trámite parlamentario en las Cortes Generales, y sobre su repercusión en la región.

Según ha explicado, el apoyo de Extremadura a esta norma es "motivado", porque resuelve, según ha manifestado, el "problema" de la distribución de las competencias de las administraciones locales.

También, porque los planteamientos del Gobierno de España en esta reforma han avanzado desde el momento inicial de la misma al actual, atendiendo el Ejecutivo nacional a las sugerencias de las diferentes comunidades autónomas, según ha aseverado.

Otra de las razones del apoyo extremeño, según Nevado-Batalla, es la relativa al "tema financiero", ante lo que ha dicho que se "asegura" el principio de autonomía financiera de los municipios.

El respaldo de Extremadura al texto que se aprobó en el Senado tiene también otros motivos, entre ellos la "descongelación" de algunos principios básicos del modelo territorial son el de "cooperación" y "coordinación".

En esta línea, el consejero también ha mostrado su satisfacción por el reforzamiento de mecanismos de control, ya que según Nevado-Batalla este reforzamiento hubiera impedido el ejemplo de Marbella.

El responsable autonómico ha indicado que entiende que este proyecto de ley solo puede ser criticado desde la "confrontación ideológica" y "política", ya que desde el punto de vista técnico la mayoría de las comunidades respalda la norma.

De igual forma, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que esta futura ley cierre el debate del "problema histórico y complejo" de las competencias locales, además lo hace de una forma "bastante acertada", ha indicado.

PSOE:

"privatización" de los servicios sociales

Por parte del PSOE, el diputado Juan Manuel Hernández Sánchez ha manifestado que ésta es una ley que parte de un "error de base" ya que la misma, en su opinión, no racionaliza ni hace sostenibles a las administraciones locales, y además, según ha añadido, esta norma tiene un objetivo político "claro" que es la "privatización" de los servicios sociales.

También ha dicho que esta ley ha querido "demonizar" a los gestores locales, y ha indicado que no es cierto el ahorro que se ha anunciado que se conseguirá, ante lo que ha asegurado que si se consigue será a cambio de recortar en servicios.

De igual forma, ha considerado que este proyecto de Ley pretende intervenir "de facto" en los ayuntamientos y retrotraer a los consistorios a ayuntamientos anteriores a la democracia.

El diputado socialista también ha asegurado que la norma no ayudará en nada a paliar la crisis territorial que se padece, ya que, en su opinión, solo hace "echar leña al fuego", siendo el "peor proyecto de ley" que se podía haber presentado.

En este sentido, ha apuntado que el PP ha pasado de la mayoría absoluta a la "soledad absoluta", ante lo que ha criticado que muchas de las leyes se están elaborando sin el apoyo de las otras fuerzas políticas.

Iu dice que la reforma era "urgente"

El portavoz del grupo de IU, Pedro Escobar, ha resaltado que la reforma en la administración local era "necesaria" y "urgente", toda vez que el marco local español quizá se había quedado "obsoleto", aunque en este punto se ha preguntado si la reforma propuesta por el PP "resuelve los problemas" o simplemente los "cambia de sitio".

De esta manera, ha recordado que los ayuntamientos han sido los "muro de las lamentaciones de la ciudadanía", ya que los consistorios son las primeras instituciones a las que acuden si necesitan la prestación de algún recurso.

En opinión de su grupo, los ayuntamientos necesitan una clarificación de sus competencias y financiación para prestarlas, unas cuestiones que de llevarse a cabo disiparían la incertidumbre que existe entre las entidades locales.

Además, Pedro Escobar también ha sugerido al PP que no abuse de la mayoría absoluta que legítimamente tiene, sobre todo en cuanto a la creación de leyes que deberían trascender de más de una legislatura.

PREX-

Crex aboga por el consenso

Por parte del grupo regionalista PREX-CREX, su portavoz Damián Beneyto ha indicado que la ley es "necesaria" e "importante", pero ha planteado que al igual que la LOMCE si no nace del consenso se convertirá en una norma "estéril", por lo que ha indicado que la responsabilidad de los partidos es llegar a acuerdos y consensos, sobre todo en leyes tan importantes.

En su intervención, Beneyto ha recordado que los ayuntamientos han padecido problemas de financiación de forma "secular", y también ha apuntado que los consistorios han prestado servicios que no le correspondían porque los ciudadanos se lo demandaban, endeudándose por la prestación de esos servicios y no por mala gestión.

También ha criticado que esta norma aplicará en los ayuntamientos de menor tamaño unos mecanismos de control que va a hacer que los mismos se queden sin contenido.

De este modo, ha abogado por llegar a acuerdos antes de que la ley se publique en el BOE, ya que entiende que Extremadura no se beneficia especialmente de dicha norma, sobre todo los municipios pequeños.

Pp mantiene que es una reforma "absolutamente necesaria"

Por su parte, el diputado del PP Miguel Cantero ha indicado que aún está abierto el trámite parlamentario, y que se aún hay tiempo para poder llegar a acuerdo, al tiempo que ha indicado que era una reforma "absolutamente necesaria".

En esta línea, el 'popular' ha detallado algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Extremadura, gobernado por el PP, que, en su opinión, es una "verdadero apoyo al muncipalismo".

Entre ellas, se ha referido al pago a los ayuntamientos de los 28 millones de deuda; así como que el fondo regional de cooperación en 2012 pagó a los municipios 40 millones y en lo que va de 2013 se han pagado 32 millones, además del establecimiento de un calendario para el pago del IBI.

En el turno que ha cerrado la comparecencia del consejero, Pedro Tomás Nevado-Batalla ha indicado, en respuesta al diputado socialista, que Extremadura no tiene "autonomía financiera" para asumir los servicios que podrían devolver los municipios.

En esta línea, se ha referido a que la aplicación de la norma requerirá una mejora de la financiación que reciben las Comunidades Autónomas cuando se reforme el modelo, ante lo que ha anunciado que, de no cumplirse, Extremadura se situará "en frente".