El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, considera que la regulación de las profesiones jurídicas no puede hacerse basándose "exclusivamente" en motivaciones económicas y de competitividad, "sin tener en cuenta su conexión con el derecho de los ciudadanos a una adecuada prestación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

Tolosa se ha pronunciado de esta manera en un comunicado en el que ha mostrado su preocupación por el futuro de las profesiones jurídicas a la vista del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que recientemente ha elaborado el Ministerio de Economía y Competitividad.

El presidente del TSJC señala que los procuradores de los tribunales constituyen una "pieza esencial" en la estructura judicial española por lo que, a su juicio, lo que hay que hacer es "redefinir" las funciones de estos profesionales, "ampliando" sus funciones de representación para dotarles de un papel "más activo" en la ejecución de sentencias.

En su opinión, la posibilidad que abre el anteproyecto de compatibilizar el ejercicio de la Abogacía y la Procura "puede ser fuente de distorsiones" en el funcionamiento de la Administración de Justicia, asentada en un reparto de papeles en el proceso que ha funcionado "correctamente".

En este sentido, el hecho de que finalmente la compatibilidad entre ambas profesiones se sustancie en que sea indistinto colegiarse en uno u otro Colegio Profesional plantearía "problemas de funcionamiento interno y de control de la deontología profesional".

"El papel de los Colegios Profesionales en el control de la adecuada prestación de los servicios en las profesiones jurídicas justifica sobradamente el mantenimiento de la colegiación obligatoria", señala el presidente del TSJC.

Además, discrepa de la posibilidad que se abre para que aquellos abogados que sólo se dediquen al asesoramiento no tengan que colegiarse. "No se entienden las razones para una división ficticia entre las funciones de asesoramiento y las de defensa en juicio del ejercicio de la Abogacía", añade.

En definitiva, entiende que la regulación de las profesiones jurídicas "no puede hacerse basándose exclusivamente en motivaciones económicas y de competitividad, por muy legítimas que sean, sin tener en cuenta su conexión con el derecho de los ciudadanos a una adecuada prestación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".