Navantia pide más trabajo
La plantilla de Navantia, más de 2.300 trabajadores directos y casi un millar en industrias auxiliares, ha vuelto a movilizarse por las calles de Ferrol para reclamar carga de trabajo "urgentísima" que garantice el futuro de las factorías de Ferrol y Fene. Kiko Delgado / EFE

El Consejo de Administración de la empresa pública de construcción naval Navantia ha estudiado este miércoles el documento de trabajo para el futuro de la compañía, aunque no ha tomado ninguna decisión sobre el mismo con la intención de abordarlo en próximas reuniones de su máximo órgano de gobierno.

El documento, que tiene como horizonte temporal el periodo 2014-2018, ha sido rechazado por el comité de empresa y los sindicatos CCOO y UGT, que hoy se han manifestado ante la sede de Navantia para exigir carga de trabajo y una mayor implicación del Gobierno en la compañía, demandas a las que también se ha sumado el PSOE.

La compañía estudia mdedidas de ahorro que incluirían estandarización de plantas y un aumento de la flexibilidad laboral Según fuentes de Navantia, el máximo órgano de dirección de la empresa ha hecho "una primera lectura" del documento con la intención de continuar su estudio en posteriores reuniones. También han recalcado que el texto analizado no es un plan estratégico, sino un documento previo, y han asegurado que su objetivo fundamental es transformar Navantia para hacerla más competitiva, pero sin redimensionarla y con la finalidad de mantener el nivel de empleo y los centros productivos. Al mismo tiempo, insisten en que actualmente Navantia centra todos sus esfuerzos en lograr carga de trabajo a corto plazo.

El contenido de los planes de Navantia para los próximos años ya había sido adelantado por el presidente de la compañía, José Ramón Revuelta, a los representantes de los trabajadores el pasado lunes. Según señalaron los sindicatos, Revuelta explicó también que trabaja para adoptar medidas internas de ahorro como la mejora en la gestión de compras, la estandarización de la ingeniería de las distintas plantas o cambios para fomentar la productividad y la flexibilidad laboral.

Por otro lado, también se potenciarán negocios como la construcción, las reparaciones y los sistemas de apoyo al ciclo de vida de los buques, tanto en el área civil como militar. Sin embargo, para los trabajadores, en el actual escenario, el documento es irreal debido a la ausencia de contratos a corto plazo, una idea en la que han insistido hoy.

El Comité Intercentros de Navantia ha presentado esta mañana un escrito en el que ha mostrado su disconformidad con los planes de la empresa, rechazo que ha escenificado con la ausencia de los representantes de los trabajadores en el Consejo de Administración. Además, han exigido al Gobierno y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, matriz de Navantia, que asuman la gestión del conflicto "al más alto nivel" y han avanzado que continuarán con las movilizaciones si no se logran nuevos contratos.

"El Gobierno tiene mucho que decir" en la solución del conflicto, ha dicho el presidente del comité intercentros, José Antonio Oliva.

El PSOE pide que Defensa haga contratos a la empresa pública para incrementar la carga de trabajo El PSOE, a través del expresidente andaluz y ahora diputado, Manuel Chaves, se ha manifestado en el mismo sentido y ha presentado una proposición no de ley en la que pide la negociación con los trabajadores y las fuerzas políticas de un plan de viabilidad que "garantice la continuidad de todos los centros de Navantia y de los puestos de trabajo sujetos a convenio".

Los socialistas también han reclamado que el Ministerio de Defensa contribuya con nuevos encargos a incrementar la carga de trabajo de los astilleros públicos.

Por otro lado, el presidente de la Xunta de Galicia, una de las comunidades en las que Navantia tiene astilleros, ha pedido la colaboración de los partidos políticos gallegos para sacar a la compañía de la situación crítica en la que, según ha dicho, estaba la empresa cuando tomó posesión de su cargo en el año 2009.

Desde Andalucía, otra de las regiones más afectadas por la situación de los astilleros públicos, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha dicho que harán llegar sus "sugerencias y aportaciones" al Gobierno central.