El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada ha exigido que se "paralice el desalojo y demolición" de ocho cuevas del Cerro de San Miguel, previsto para el 10 de diciembre, hasta que no se garanticen todas las medidas de intervención social y garantías jurídicas de sus moradores.

De hecho, el portavoz del grupo municipal de izquierdas, Francisco Puentedura, ha registrado un recurso impugnando el expediente de declaración de ruina y el decreto de desalojo de estas ocho cuevas al considerar que no se "incluyen todas las garantías administrativas" y se ordena abandonarlas "con apenas una semana de plazo, sin dar tiempo suficiente a sus moradores para poder alegar".

El edil censura que el Ayuntamiento argumente la declaración de ruina a través de un informe genérico de 56 de las cuevas del Cerro fechado en verano de 2010, "que ni ha sido actualizado ni notificado correctamente a los ocupantes, ni se ha hecho cueva por cueva", además de que en muchos casos "ni se ha accedido al interior de las mismas para conocer su situación".

Puentedura afirma que el desalojo se ha ordenado "sin ninguna orden del Juzgado", tal y como establece el ordenamiento jurídico, lo que, según ha recordado, "supone un incumplimiento grave del procedimiento administrativo y afecta a los derechos fundamentales de los vecinos del Cerro de San Miguel".

De hecho, según indica, "de las ocho cuevas que se pretenden cerrar y desalojar, cuatro están ocupadas por familias que el propio Ayuntamiento ha empadronado, reconociendo por tanto estas cuevas como su vivienda habitual" y es que según los datos del Padrón Municipal "hay cuarenta empadronados en todo el Cerro".

Plan integral

Izquierda Unida pide que se acometa también en la zona un plan integral para la recuperación y protección arqueológica y paisajística del Cerro de San Miguel y para la rehabilitación de las cuevas "con objeto de limpiar y recuperar una zona que es seña de identidad de la ciudad".

Para Puentedura se trata "de una actuación integral que debe ir acompañada de un plan de intervención social, con participación de los vecinos, que supondría la recuperación de las cuevas y la aplicación de la Inspección Técnica de Edificios a las mismas, de manera que en aquellas que no tengan las condiciones adecuadas de seguridad se lleven a cabo las actuaciones necesaria".

Por último, ha reclamado a la Concejalía de Urbanismo que acabe con la situación "perversa de no querer aclarar la titularidad de las cuevas", que han sido objeto "de una doble venta".

Según relata, una primera fue en 1956 por parte del antiguo Patronato Provincial de Vivienda de Santa Adela "que vendió las cuevas a sus ocupantes" y otra en 1985 "cuando el Ayuntamiento compró 25.000 metros de parcela en el Cerro".

En este periodo se han producido "varias transmisiones patrimoniales, con distintos contratos de compra y venta unos elevados a escritura pública y otros no, con cuevas con doble inscripción en el Registro de la Propiedad y cuya titularidad está reclamada por varios propietarios".

Está situación, según IU, está produciendo una situación administrativa "en la que a propietarios de las cuevas no se les da licencia para poder garantizar la estabilidad de las mismas y el Ayuntamiento, que por otro lado reclama su propiedad, tampoco actúa para acabar con las condiciones de insalubridad e inseguridad de las mismas".