El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha remitido a la juez encargada del caso de los ERE en Andalucía, Mercedes Alaya, la investigación sobre la participación del secretario general de UGT Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino en la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación.

El magistrado ha seguido el criterio del Ministerio Público que le ha solicitado en un escrito presentado este miércoles que se inhiba a favor de la magistrada, ya que el Juzgado número 6 de Sevilla, que dirige Alaya, ya investiga al sindicato.

La denuncia presentada por Manos Limpias apuntaba que el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) del sindicato recibió más de 48 millones de euros en el año 2012 y defendía la existencia e un "entramado societario opaco" entre UGT, IFES y dos filiales de este instituto.

El sindicato, propietario al cien por cien de IFES, "se queda con un 15 por ciento de las subvenciones de cursos" y "disfraza como coste asociado unas comisiones que ascendieron el pasado año a nueve millones de euros", indicaba Manos Limpias.

Los querellantes acusan a Méndez y el tesorero de UGT de la comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, malversación de caudales públicos, delito contra la Hacienda Pública y apropiación indebida. El entramado de empresas tiene representación en las provincias de Euskadi, Galicia, Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja, Valencia, Navarra y Murcia.