Renovarse o morir, dice el dicho popular. La frase es manida, pero bien podría aplicarse a la Constitución española, que este viernes cumple 35 años tocada y más cuestionada que nunca. Hija de su tiempo, casi nadie discute su función estabilizadora y fundamental en el momento que la vio nacer. Pero hoy, más de tres décadas después y con casi un 65% de la población que no la ha votado (los menores de 55 sños), los acontecimientos han colocado en primer plano el debate en torno a su reforma.

El desafío soberanista, el mapa autonómico, la Corona, el papel del Senado, el modelo de Estado, derechos fundamentales vacíos de contenido como el de la vivienda y el trabajo... Son muchos los puntos señalados, las heridas abiertas. La necesidad de una reforma se hace innegable para muchos, pero no es fácil.

Alemania ha modificado su Constitución 60 veces, EE UU en 27 ocasiones, Austria cerca de 80 y México casi 400. Es cierto que la Carta Magna de estos países es mucho más antigua que la española, pero en Portugal, por ejemplo, con una Constitución solo dos años más vieja que la nuestra (es de 1976), ya ha habido siete modificaciones. La Constitución española cumple este viernes 6 de octubre 35 años sin apenas cambios en su texto original, y sin visos a medio plazo de que vaya a haberlos, debido sobre todo al inmovilismo que en esta materia han demostrado siempre los dos principales partidos políticos, PP y PSOE.

El Congreso de los Diputados, que es quien tiene la potestad, solo ha cambiado dos veces la Carta Magna, un texto de 169 artículos y 13 disposiciones transitorias y adicionales. Y las dos por exigencia de la Unión Europea. En 1992, todos los grupos modificaron el artículo 13 para que los ciudadanos europeos pudieran votar y ser elegidos en las elecciones municipales. Y en 2011 el concepto de "deuda pública" se incluyó en el artículo 135 del texto, por el cual el gasto público, la estabilidad presupuestaria, está limitado desde entonces por mandato constitucional.

La ley establece que toda iniciativa de reforma de la Constitución debe partir de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados (70). Eso, la iniciativa. Su aprobación requiere de "una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras", según el artículo 167 de la Constitución. "Me temo que la cerrazón política de los dos principales partidos impida una reforma constitucional amplia y consensuada. Y que esta no se realice será una desgracia para el país", señala Antonio Torres del Moral, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la UNED.

De la misma opinión es Miguel Ángel Presno, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Oviedo, que cree que "el PP no tiene voluntad y la del PSOE está por ver". Más optimista es Manuel Sánchez de Diego, profesor de derecho constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, que vaticina un batacazo electoral del PP y del PSOE, lo que abre la puerta a cambios constitucionales a medio plazo. Lo que está claro es que los expertos consultados por 20minutos creen necesaria una reforma importante de la Carta Magna, teniendo en cuenta que son muchos los debates abiertos por la sociedad en los últimos años: el papel de la Corona, la reforma del Senado, el modelo territorial e incluso el modelo de Estado que queremos, Monarquía o República.

"Nuestra Constitución presenta grietas en todos los diez títulos. No es intocable. Todas se reforman si se quiere que perduren. Aquí en España no, porque ha cundido la idea de que no hay el consenso de 1978", afirma Torres del Moral.

Para Presno, el problema no es la "calidad de la Constitución", sino que algunas partes del texto ya nacieron con un carácter provisional "y hay que hacer cambios, porque ninguna aguanta 35 años sin ellos". Este experto destaca que hay poca voluntad política de cambio, aunque se ha demostrado que cuando PP y PSOE han querido han reformado la Carta Magna en tiempo récord, como paso en el verano de 2011 por las exigencias de Bruselas. Sánchez de Diego aboga por cambios en profundidad, "a matar" si es preciso.

El Estado autonómico es la grieta más importante, "porque lo que se dice en la Constitución sirvió para salir de una dictadura, pero ahora está desfasado", afirma Torres del Moral. El modelo autonómico es "carísimo económicamente" y son necesarios ciertos replanteamientos "porque no todas las Comunidades son iguales, debe haber cierta asimetría, pero no desigualdad".

El Consejo de Estado, en 2004, contestó a las modificaciones que entonces planteó Zapatero, y dejó claro que en caso de entrar en cambios, habría que empezar por la organización territorial del Estado. Sánchez de Diego también cree que la estructuras políticas de España son caras, por eso es el momento de que el Estado, a través de la Constitución, "recupere competencias en Justicia, Educación y Sanidad". Para este experto "el error más grande es cómo se ha desarrollado la Constitución. Un Estado Federal es ahora un paso atrás. Lo que hay que buscar son autonomías más eficaces, menos costosas y más transparentes para el ciudadano".

En cuanto al debate sobre el llamado "derecho a decidir", ningún texto Constitucional plantea la capacidad de consultas de autodeterminación, "pero Canadá y Reino Unido los han permitido o lo van a permitir con Quebec y Escocia", matiza Presno, en clara alusión a la iniciativa del Gobierno catalán.

Aquí juega un papel importante el Senado, cuya papel debería ser reformado en la Constitución. "Debería tener una función especializada y no duplicar tareas como hace ahora. La opinión del Senado no cuenta, todo depende del Congreso. En este sentido es inoperante", asegura Presno. "¿Hay que hacer un Senado más activo"? discute Sánchez de Diego, "en Alemania le han quitado competencias".

La reforma de la Corona es otro de los grandes melones. El expresidente Zapatero, como líder de la oposición, ya planteó en 2004 eliminar la prevalencia machista en la sucesión a la Corona. "Ya no es urgente, de momento. Y lo que propuso el PSOE en su momento no fue una reforma profunda, sino más bien un pequeño cambio estético", señala Torres del Moral. "Otra cosa es el debate más profundo. La monarquía es lo que es, incluida la inviolabilidad del Rey. La Monarquía solo se debe mantener si es intachable, ejemplar y da prestigio. Si no es así, lo mejor es prescindir de ella", concluye.

¿La sociedad ha reaccionado con indiferencia a los cambios constitucionales relacionados con la Corona? Presno cree que son los partidos los que han tenido miedo a este debate. "Hay poca confianza en los debates ciudadanos. Y ahora hay que tener en cuenta que la Monarquía es un modelo cuestionado sobre todo por la gente joven, aquella que no ha votado esta Constitución", señala. "Quizás haga falta una ley orgánica que desarrolle la Monarquía y un estatuto del Príncipe de Asturias", afirma Sánchez de Diego, que es partidario de nuestra Monarquía porque "es rentable. A nuestro Jefe del Estado se le conoce, no como al de Italia. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos que controlen esta Institución mucho más".

Entretanto, el monarca, a sus 75 años, se recupera de su operación de cadera, la última de una larga lista en los últimos años, sin que el papel de su sucesor y heredero esté desarrollado aún, como establece la Constitución. A ello se une la sucesión de escándalos que han sacudido a la institución monárquica en los últimos tiempos, especialmente la malograda cacería en Bostwana y todo lo referente al caso Nóos y a Iñaki Urdangarin.

¿Monarquía o República? No, ningún partido ha querido meterse en ese berenjenal. IU se declara abiertamente republicana, pero no tiene intención de promover un referéndum al respecto ni ninguna iniciativa en ese sentido.

Todos coinciden en que una reforma constitucional no tiene sentido sino se abordan nuevos derechos fundamentales, "como la finalidad de una condena, que no solo debe ser la reinserción, como hemos visto en las últimas excarcelaciones de presos de ETA y peligrosos delincuentes tras la derogación, por parte del Tribunal de Estrasburgo, de la llamada doctrina Parot. También el derecho a la protección de datos o el acceso a la información pública", explica Sánchez de Diego. "O poner en el capítulo II (derechos y libertades) el derecho a la salud", matiza Torres del Moral.

Una participación ciudadana más activa es también tema capital. Miguel Ángel Preno asegura que en nuestra Constitución se postergó este tema, "y es necesario que los ciudadanos y los colectivos sociales participen en el procedimiento legislativo, lo que aportaría más información, más pluralidad y más transparencia". ¿Cómo? "Ahora están limitadas las materias que se pueden llevar a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), y hacen falta 500.000 firmas cuando en Italia solo son necesarias 50.000. Y un referéndum no lo puede proponer un ciudadano". Límites que hay que cambiar.

En Asturias, por ejemplo, 7.700 firmas han pedido al Parlamento asturiano que inste al Congreso para que haya cambios en la Constitución en aquellos artículos que fomentan más la participación ciudadana. Algo con lo que está de acuerdo Torres del Moral: "Hay que incrementar la participación ciudadana a través de cambios constitucionales que afecten al referéndum y a las ILP".

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El artículo 47 es claro, pero quizás resulte irónico después de que miles de dramas familiares asociados a los desahucios  enturbien la conciencia social. "El problema es que nuestra Constitución llama derechos a los que no lo son. Solo son principios de política social y económica que regulan pautas de comportamiento de los poderes públicos. Son solo principios orientadores". afirma Torres del Moral. "Lo malo es que no hay leyes que regulen esos derechos, sobre todo cuando conllevan un componente económico. Pero se puede y se debe hacer, igual que el derecho a la propiedad, que está desollado", sentencia Presno.

Sánchez de Diego coincide que el capítulo III es la parte menos aplicable de la Constitución. ¿Por qué? "¿Tenemos actualmente la capacidad de garantizar el Estado del Bienestar? Yo creo que no cuando no hemos sido capaces ni de garantizar la ley de dependencia".

Como parece que la llave de un cambio constitucional sigue en manos del PP y del PSOE, no se prevén reformas de calado a medio plazo. Es cierto que ambas formaciones políticas han formulado en algún momento documentos y ponencias internas que abogaban por modificaciones, pero nunca se ha concretado nada en textos definitivos ni los dos partidos han planteados reformas serias cuando han llegado al Gobierno.

Ahora, PSOE, UPyD e IU defienden la necesidad de reformas constitucionales, pero nadie ha concretado en las Cortes su propuesta, una propuesta que con toda seguridad tendría el rechazo frontal del PP. Los socialistas hablan ya de 14 reformas, entre las que están la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades y una reforma seria del Senado. UPyD querría claramente una reforma hacia un Estado federal y cambios en el régimen electoral. IU siempre ha defendido potenciar los derechos a la sanidad y la vivienda, una república federal y eliminar el artículo 135 impuesto por la UE en 2011.