Un juez investiga a un sacerdote por firmar licencias de sepultura para recién nacidos en Madrid

  • Actuó así durante casi 30 años, pero la ley lo impide.
  • El asunto está relacionado con el caso de los bebés robados.
  • Un médico certificó la muerte de un bebé un 4 de febrero, aunque el cura había ordenado su sepultura un día antes.
Miembros de la asociación SOS Bebés Robados de Madrid durante una manifestación.
Miembros de la asociación SOS Bebés Robados de Madrid durante una manifestación.
ZIPI / EFE
Miembros de la asociación SOS Bebés Robados de Madrid durante una manifestación.

Un juez de Madrid investiga la razón de que el sacerdote Gregorio Gómez Casi firmara licencias de sepultura en diversos hospitales de la ciudad a lo largo de veinte o treinta años, cuando ni la Ley del Registro Civil de 1957, ni su Reglamento lo permitían.

El abogado Guillermo Peña lo ha expresado así tras la comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid del doctor José María Castillo Díaz como testigo durante aproximadamente media hora, a raíz de la denuncia por la desaparición del recién nacido Juan Elías Fernández en la madrileña Clínica de Santa Cristina el 2 de febrero de 1963.

En este caso, "al haber dos fechas distintas de fallecimiento y a raíz de los documentos que hay, existe la sospecha de que al niño fallecido se lo dieran a la madre afectada y el suyo se lo llevara otra persona", ha indicado Peña.

Durante su declaración, según el letrado, el médico, que era tocólogo y que revisó en dos ocasiones a la madre de Juan Elías, ha explicado que si su nombre aparece en la documentación sobre la evolución del parto es porque posiblemente él intervino, aunque ha apuntado que "esas anotaciones las hacía la matrona" y que "los médicos no anotaban nada en el expediente".

Castillo Díaz ha precisado que en la maternidad de Santa Cristina no había Departamento de Neonatología en el año 1963 y que "como mucho había algún puericultor", además de asegurar que "no había ningún protocolo a seguir cuando un niño fallecía".

Entre las "irregularidades" del caso, según Peña, hay dos fechas distintas de la muerte del bebé con veinticuatro horas de diferencia una de otra, ya que un médico certificó la muerte del bebé el 4 de febrero y un cura ordenó darle sepultura el 3 de febrero.

Atendido por anorexia cerebral

Además, el recién nacido recibió un bautismo solemne cuando estaba siendo atendido de anoxia cerebral, a pesar de que el padrino dijo al juez que ni siquiera llegó a ir al hospital.

La Policía Científica hizo un estudio de la partida de bautismo del bebé que permitió acreditar que la firma que aparece en el documento no se corresponde con la del padrino.

El abogado se ha preguntado porqué un cura (Gregorio Gómez Casi) firmó la licencia de sepultura, que no sustituye a una licencia judicial de enterramiento, porque ni la Ley del Registro Civil de 1957, ni su Reglamento lo permitían.

Peña ha asegurado que el juez va a investigar el hecho "llamativo" de que ese sacerdote sea la misma persona que firma licencias de sepultura de diversos hospitales de Madrid a lo largo de veinte o treinta años.

Tras el interrogatorio del doctor Castillo Díaz, el único testigo vivo, se solicitarán nuevas diligencias para cotejar los libros del Registro Civil y del hospital con el fin de aclarar estas "irregularidades".

Una de las tres hermanas denunciantes, Juana Fernández, ha expresado su deseo de que el juez y el fiscal empiecen a investigar la documentación del caso y la ayuden a averiguar dónde está su hermano.

Para apoyar la causa de las denunciantes, a las puertas de la sede de los Juzgados de la Plaza de Castilla, se ha congregado un grupo de personas de la Asociación SOS Bebés Robados de Madrid con carteles con los nombres de sus familiares desaparecidos.

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