EUPV hace público el contrato cuyo canon ascendería a 117 millones de euros para las cinco ediciones celebradas

EUPV ha hecho público este martes el contrato confidencial para la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia entre 2008 y 2014 --aunque la edición de 2013 no se celebró y no está inicialmente prevista la de 2014--. De este escrito se desprende que que el coste del canon para las cinco carreras ascendería a cerca de 158,4 millones de dólares, lo que al cambio actual son cerca de 117 millones de euros.
Pedro Martínez De La Rosa En Valencia
Pedro Martínez De La Rosa En Valencia
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Pedro Martínez De La Rosa En Valencia

EUPV ha hecho público este martes el contrato confidencial para la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia entre 2008 y 2014 —aunque la edición de 2013 no se celebró y no está inicialmente prevista la de 2014—. De este escrito se desprende que que el coste del canon para las cinco carreras ascendería a cerca de 158,4 millones de dólares, lo que al cambio actual son cerca de 117 millones de euros.

Asimismo, en caso de haberse realizado las pruebas hasta 2014, la cantidad hubiera alcanzado los 245,7 millones de dólares, que son cerca de 180 millones de euros.

El acuerdo entre Formula One Administration Limited y Valmor Sports, con participación pública, con fecha de 4 de junio de 2007, ha sido hecho público en la web promovida por la formación, www.eldesconfidencial.com. La administración se comprometió a organizar la carrera de 2008 a 2014, de manera que el canon para la primera edición ascendía a 26 millones de dólares, y cada carrera posterior supondría incrementar este pago un 10 por ciento más sobre el año anterior.

De esta manera, en 2008 se pagó 26 millones de dólares; 28,6 millones de dólares en 2009; 31,4 millones de dólares en 2010; 34,5 millones de dólares en 2011; y 37,9 millones de dólares en 2012. Al cambio son 191; 21; 23,1; 25,4 y 27,9 millones de euros respectivamente por edición.

Por otro lado, entre las cláusulas que establece este contrato, señala que son causas de fuerza mayor para la no celebración de la competición son conflictos civiles, incendios, inundaciones o "actos de dios".

Asimismo, señala que, en caso de que el abono del canon acordado se retrase, se establecerá una penalización que puede llegar a suponer el pago de un interés del cinco por ciento sobre la cantidad a deber, cada año de retraso. Además, se establece una cláusula de confidencialidad para el contrato.

Por lo que se refiere al circuito, el contrato obliga a que además del trazado, se disponga de 15.000 metros cuadrados destinados a promoción. Además, serán los organizadores los encargados de facilitar los espacios para los medios de comunicación y su equipamiento.

Contrato "histórico"

En un comunicado, EUPV ha celebrado la publicación en su web del "histórico contrato firmado pocos días después de las elecciones autonómicas" de 2007. En opinión del portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco, es el "símbolo de una época, la del despilfarro, la de los grandes eventos y proyectos faraónicos que pagábamos todos, y también la de la opacidad por la cual se han distinguido los gobiernos del PP, especialmente bajo la batuta del expresidente de la Generalitat Francisco Camps".

Blanco ha señalado que "después de seis años ya era hora que los valencianos y valencianas conociéramos el contenido de este polémico contrato que ha sido escondido por el gobierno del PP y que fue el inicio de una larga relación de contratos millonarios que se firmaron año tras año".

El parlamentario ha subrayado que "el propio Camps es quien anunció este contrato durante la campaña electoral, que se celebraba sólo unos días antes de la firma". "Lamentables fueron también las palabras de Ecclestone quien llegó a decir que o ganaba Camps o no había F1" y, "al final la broma nos ha salido por cerca de 300 millones de euros", cuando Camps dijo que "no iba a costarnos ni un euro".

En relación a la web donde se ha publicado este contrato, el diputado ha asegurado que en su formación se declaran "insumisos a la confidencialidad" porque consideran que es "contraria a la ley y sobre todo a los principios éticos que tienen que regir la gestión de los fondos públicos, que son de todos".

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