El exalcalde andalucista de San Fernando (Cádiz) Manuel María de Bernardo ha registrado en el Ayuntamiento una carta de dimisión como concejal del equipo de gobierno tras conocer la sentencia del Tribunal de Cuentas (TCU) que declara su responsabilidad subsidiaria en el caso por las irregularidades contables en la caja municipal cuyo alcance está cuantificado en más de 7,6 millones de euros.

En la carta de dimisión, De Bernardo anuncia que tiene intención de recurrir la presente sentencia porque "no se ajusta ni a la realidad de los acontecimientos ni a derecho". Defiende que no es responsable subsidiario del menoscabo producido al Ayuntamiento y confía en que la justicia le dé al final la razón. No obstante, considera que antes de su "interés personal" debe "anteponer los intereses" de su partido y de la institución a la que hasta hoy ha venido representando.

Expone que durante el presente mandato corporativo ha sido su intención, "por respeto a la ciudadanía", abandonar el acta de concejal una vez quedara demostrada su "total falta de responsabilidad en este desgraciado asunto". "Desde un primer momento quedó siempre claro que ni yo ni ningún miembro del Partido Andalucista tuvimos nada que ver en el desfalco y que este fue presuntamente perpetrado por los cajeros funcionarios del Ayuntamiento", ha subrayado.

Por ello, confía en que "después de más de cuatro años y medio" de retraso, el juicio penal en el que destaca que no está encausado "se celebre lo antes posible".

El Tribunal de Cuentas le considera responsable subsidiario "por el hecho de haber sido clavero del Ayuntamiento. Es decir, el tribunal afirma que no ha quedado suficientemente demostrado que asistiera a los arqueos, me reprocha la rúbrica de los talones que me pasaban a la firma los tesoreros del Ayuntamiento y que no adopté medidas, sin decir cuáles, que al parecer hubieran detectado el menoscabo".

Todo ello, según dice, a pesar de que el propio tribunal asegura que existen circunstancias que aconsejan una moderación de su responsabilidad, como son "la insuficiente actuación de los servicios técnicos económicos del Ayuntamiento en la prevención y subsanación de las irregularidades, que como consecuencia contribuyó a la adopción de decisiones erróneas por la Alcaldía"; que durante su mandato "se actualizó la contabilidad mediante la elaboración y aprobación de las Cuentas Generales que estaban pendientes de años anteriores"; y que una vez descubiertos los hechos adoptó "las medidas adecuadas para su averiguación y para la exigencia de las debidas responsabilidades derivadas de los mismos".