Lucía Garrido y Manuel Alonso
La víctima, Lucía Garrido, y su entonces pareja Manuel Alonso, imputado por su asesinato.

La historia es enrevesada, digna del mejor cine negro. Pero como pasa muchas veces, la realidad supera a la ficción. El resumen podría ser este: Lucía y Manuel son pareja y tienen una hija en común. Ella empieza a denunciar malos tratos de él (incluso con hachas de por medio) y cuenta a su familia los negocios turbios de Manuel. Ella aparece asesinada flotando en la piscina de la casa que ambos comparten en Alhaurín de la Torre (Málaga). Se cierra la investigación porque él tiene coartada y no hay culpables. Un año después, dos sicarios colombianos aparecen asesinados en la misma casa, tiroteados por Manuel a corta distancia. Conclusión: defensa propia. Pasa otro año. Manuel es detenido en una operación antidroga junto al teniente de la Guardia Civil que llevó la investigación de la muerte de Lucía y de los dos sicarios. El juzgado de Violencia de Género número 1 de Málaga reabre la investigación del crimen, pero la jueza no le da el caso a la Benemérita, sino a la Policía Nacional. Saquen sus propias conclusiones.

¿Quién mató a Lucía Garrido Palomino? Han pasado ya cuatro años y medio de aquella mañana del 30 de abril de 2008 en la que el cadáver de Lucía, de 49 años, apareció flotando en la piscina de la Finca Los Naranjos, en Alhaurin de la Torre (Málaga). El cuerpo presentaba varios golpes y un corte en el cuello. La tenacidad de su hermana Rosa y de Ignacio, un veterano agente de la Guardia Civil, han provocado que una jueza reabra el caso e impute a Manuel Alonso Herrero, su expareja, de los cargos de homicidio y malos tratos. A pesar de ello, quedan muchas piezas del puzle por encajar.

"Llegaremos donde haga falta, caiga quien caiga. Luchamos contra gente con poder, incluso contra la Guardia Civil, pero no pararemos", señala Rosa a 20minutos. Ignacio, delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Málaga, que lleva dos años ayudando a la familia recabando pruebas, denuncia "las continuas anomalías en la investigación por algunos miembros de la Benemérita, lo que ha hecho que el caso pase ahora a la Policía Nacional". Ignacio, con tesón, ha ido contando sus avances en el blog 'JusticiaparaLucíaGarrido' y ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que se sepa la verdad. "Lucia fue maltratada, desacreditada y entregada a sus verdugos. Y las personas que participaron en su crimen no han sido condenadas", señala. Esta es su historia.

La pareja: Lucía y Manuel

La pareja se conoció en 1994. Nunca se casaron, pero tuvieron una hija en común, Sara, que hoy tiene 18 años. Ambos levantaron con sus propias manos su última residencia, una casa blanca de dos pisos rodeada de palmeras y naranjos a las afuera de Alhaurín de la Torre. Allí instalaron primero un criadero de perros y luego consiguieron los permisos para poner en marcha un depósito para los animales abandonados que el Seprona de la Guardia Civil encontraba en Málaga.

Los malos tratos: cuatro denuncias

En 2006 se tensa la relación y la pareja deja de convivir. Ella pone en enero de 2007 cuatro denuncias por malos tratos, entre los día 3 y el 17. En una de ellas Lucía explica en el puesto de la Guardia Civil de Alhaurin de la Torre que ya en 1997 Manuel intentó agredirla con un hacha, pero que acabó retirando la denuncia que le puso en su día. Ahora, en enero de 2007, la situación es diferente y se ha agravado. Lucía señala que Manuel insiste en que se vaya de la casa con la niña "o habrá consecuencias". Relata que Manuel ha retirado todo el dinero que la pareja tenía en una cuenta corriente común, que Manuel le ha cortado el móvil, que le ha pinchado tres ruedas del coche y que le ha dicho "que tiene una amante y que quiere que se vaya para mantenerla a ella en su lugar". Esa amante, una chica de nacionalidad ucraniana, es hoy en 2013 la esposa de Manuel.

Un móvil, ¿económico?

En otra denuncia, Lucía explicaba a la Benemérita que en el garaje de la vivienda Manuel había habilitado un lugar para alojar cachorros de perros y animales exóticos sin las mínimas garantías de seguridad. Y que fuera de la casa tenía animales salvajes en jaulas. Lucía relató entonces otra amenaza de Manuel: "que si entraba algún ladrón en su casa le daba un tiro y lo tiraba a los tigres, igual podía hacer con ella". Manuel tenía un socio en este negocio, un empresario malacitano que gestionaba residuos. Según la declaración que esta persona hizo tras el asesinato de Lucía, conoció a Manuel gracias a un guardia civil del Seprona, un amigo en común. Este agente, un teniente, ya fue investigado con anterioridad por extorsión a empresarios y estaba ayudando a Manuel a buscar subvenciones públicas, según fuentes de la Benemérita.

El 7 de marzo de 2008, casi dos meses antes de la muerte de Lucía, la Junta de Andalucía aprobó un decreto que prohíbe la tenencia como mascotas de animales que puedan poner en riesgo la integridad de las personas o del medio ambiente: reptiles de más de dos kilos de peso, anfibios y peces venenosos, primates y mamíferos de especies salvajes de más de diez kilos de peso... "El de Manuel era el único centro privado de Andalucía habilitado para esto. El negocio iba a ser redondo", señala Ignacio, de la AUGC. "Mi hermana estorbaba en todo esto. La casa estaba a nombre de los dos, pero no sabemos cómo él había cambiado las escrituras y solo aparecía Manuel", señala Rosa.

La situación se volvió insostenible. Hasta 11 veces tuvo que acudir Lucía al juzgado para dirimir disputas con Manuel. El 17 de octubre de 2007, el juzgado número 5 de Málaga reconoció que la vivienda de la finca era el domicilio habitual de Lucía y su hija. Mientras, Manuel valló la finca con el objetivo de cumplir los requisitos que exigía la Junta para otorgar a la propiedad el permiso de depósito de animales. Ella denunció estas obras, y la justicia le dio la razón cuando ya estaba muerta. La Audiencia Provincial de Málaga, en sentencia de 7 mayo de 2008, ordenaba la retirada del vallado. Manuel tampoco podía vender los terrenos. "Lucía le estorbaba", reitera su hermana Rosa.

Guardias civiles testificando a favor de Manuel

Los más curioso de todo es que un par de agentes del Seprona testificaron a favor de Manuel en las denuncias de malos tratos. Los agentes trabajaban con Manuel, sacándose un sueldo extra, asegura Ignacio. Lucía estaba sola. El 2 de mayo de 2008, dos días después de su muerte, el Ayuntamiento de Alhaurín emitía un informe reconociendo que Lucía había acudido a ellos pidiendo ayuda, pero que como había un auto del juzgado de violencia número 1 de Málaga rechazando la orden de protección solicitada por ella, se le sugiere la posibilidad de acudir al "Servicio Provincial", sin dar más detalles.

El crimen y la cortada

Dos días antes de su muerte, Lucía comentó a una amiga que temía que Manuel estuviera tramando algo contra ella. La mañana del crimen, la última pista que se tiene de ella es que a las 10.33 estaba comprando un perfume en una tienda de Alhaurín. No pudo ir a buscar a su hija al colegio. Ella apareció muerta en la piscina. La investigación situó entre las 13:15 y 14:45 el crimen. "Una o varias personas debían estar esperando a Lucía en el lateral oeste de la vivienda". La víctima fue "sorprendida, apuñalada y golpeada brutalmente con un ladrillo". Su cuerpo fue arrojado después a la piscina "donde falleció por asfixia". Según las pesquisas, está claro que el criminal "hizo uso de una copia de la llave de acceso a la finca" y robó el bolso y el móvil de la víctima.

Él tenía coartada. De hecho fue investigado pero no se pudo probar su implicación. La mañana del crimen Manuel había acudido al zoológico de Castellar de la Frontera (Cádiz) junto a su nueva pareja ucraniana. Ahora, la Policía cree que se aseguró una coartada con "acciones incomprensibles", asegurándose que las cámaras de varias estaciones de servicio le grabaran. "Echó 60 euros de gasolina en una estación de servicio y vuelve a parar en la siguiente gasolinera. No se lo cree nadie", explica Rosa, que denuncia que alguien robo de la casa de Lucía una carpeta con todas las denuncias y documentación que su hermana guardaba sobre Manuel. El caso se archivó por falta de pruebas en mayo de 2009.

Dos colombianos muertos

Días antes de que se archivara el caso, la finca de Los Naranjos volvió a ser escenario de un crimen, en este caso doble. El 16 de abril de 2009 Manuel mataba con su escopeta de caza a dos ciudadanos colombianos de 25 y 26 años que, armados con pistola, habían irrumpido en su propiedad. Fue Manuel quién avisó a la Guardia Civil. Todo quedó en que Manuel actuó en defensa propia, "pero nadie quiso relacionar estas muertes con la de Lucía. Algo extraño", señala Ignacio. Los dos colombianos eran sicarios, según fuentes policiales "¿A qué habían ido hasta allí?, ¿cómo pudo Manuel dispararles desde tan cerca?", se pregunta Rosa.

El teniente Valentín

Valentín Fernández Francisco era el teniente destinado en Alhaurín como jefe de la Policía Judicial. Fue él quien investigó el asesinato de Lucía y después el de los dos colombianos, pero no estableció ninguna relación entre ambos casos. En diciembre de 2010, este teniente fue detenido por Asuntos Internos de la Guardia Civil en el marco de una operación antidroga, una operación en la que se incautaron 1.400 kilos de hachís. Hubo muchos más detenidos, agentes en activo y otros ya apartados, y algunos civiles, como Manuel Alonso Herrero. Es decir, el mando de la Benemérita encargado de investigar la muerte de Lucía y de los dos sicarios colombianos que entraron en la finca de Manuel, se convirtió después en socio del propio Manuel en un negocio relacionado con drogas.

El teniente Valentín, de baja psicológica a la espera de que llegue el juicio, ya apareció en otras diligencias judiciales. Su nombre figuraba en el 'macroproceso' que a finales de los años 90 imputó en Aragón a decenas de policías, hosteleros y supuestos traficantes. Las intervenciones telefónicas revelaron que Valentín, suboficial en aquellas fechas, mantenía contactos con un presunta narco. No llegó a ser detenido.

La denuncia de la madre de Rosa

El 11 de junio de 2013, la madre de Rosa declaró ante el juzgado recordando que en las denuncias por amenazas que puso su hija contra Manuel este siempre presentaba "testigos amigos suyos del servicio del Seprona para desacreditar" a su hija, y que Manuel siempre la increpaba diciendo que su hija "abandonaría la casa con los pies por delante".

Se reabre el caso

Con estos antecedentes, la familia de Lucía y el guardia civil Ignacio Carrasco, apoyados por la Fiscalía, consiguieron reabrir el caso el 1 de abril de 2012, tres años después de que el juzgado de instrucción número 4 de Málaga lo cerrara provisionalmente el 4 de mayo de 2009. Ahora, la Policía Nacional, en un documento de 13 páginas, se muestra contundente a la hora de vincular a Manuel con el homicidio de su expareja: "Existen un cúmulo de indicios que determinan su presunta participación de en la ejecución del delito, no como autor material, pero sí como inductor; ya que, según las declaraciones tomadas: odiaba a la víctima, conocía gente que podía llevar a afecto el ilícito (posee antecedentes por tráfico de drogas a gran escala), disponía de dinero para ello y realizó acciones incompresibles para asegurarse una coartada".

"Los investigadores no hicieron bien su trabajo. El teniente que llevó el caso luego fue imputado junto a Manuel por un tema de drogas. Muy sospechoso", señala Rosa. La familia pide ahora que la Policía Nacional haga bien su trabajo. Ignacio, en representación de la AUGC, va a solicitar a la dirección de la Guardia Civil que haga una investigación interna y seria sobre los agentes implicados en este caso. El 12 de noviembre de 2012 el juez le entregó la investigación a la Policía Nacional.

Actualmente el caso está en el juzgado de Violencia de Género número 1 de Málaga, que tras interrogar durante dos horas y media el pasado 27 de septiembre de 2013 a Manuel Alonso le imputó de los cargos de homicidio y malos tratos continuados. Pero Manuel no está en prisión, está libre con cargos. La investigación ahora no va a ser fácil, porque la familia y AUGC denuncian la desaparición de pruebas importantes, como las grabaciones de ciertas escuchas.

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