Visto para sentencia el juicio a Díaz Ferrán por fraude en la compra de Aerolíneas Argentinas

  • La Fiscalía reclama dos años y cuatro meses de prisión para el que fuera presidente de la CEOE.
  • En la última sesión de la vista oral, Díaz Ferrán no ha hecho uso del turno de última palabra: "No quiero decir nada más, muchas gracias".
  • Las defensas de los acusados han pedido la libre absolución al considerar que la acusación va "en contra de la fuerza de la razón".
  • Díaz Ferrán cobró más de un millón de euros gracias al vaciamiento de Marsans.
Díaz Ferrán (c), al inicio del juicio en la Audiencia Nacional por un delito contra la Hacienda Pública tras comprar Aerolíneas Argentinas en 2001.
Díaz Ferrán (c), al inicio del juicio en la Audiencia Nacional por un delito contra la Hacienda Pública tras comprar Aerolíneas Argentinas en 2001.
EFE/Juan Carlos Hidalgo

El juicio al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por fraude fiscal presuntamente cometido en la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet, por el que la Fiscalía reclama dos años y cuatro meses de prisión para él, ha quedado este lunes visto para sentencia.

En la última sesión de la vista oral, que arrancó el pasado miércoles, Díaz Ferrán no ha hecho uso del turno de última palabra, en el que se ha limitado a responder: "No quiero decir nada más, muchas gracias".

Por su parte, el otro imputado, el expresidente de Air Comet Antonio Mata se ha declarado "absolutamente inocente" del delito de fraude contra la Hacienda Pública que se le imputa, al tiempo que ha agradecido al tribunal que buscara "la verdad material" del asunto.

Las defensas de los acusados han pedido la libre absolución para ambos al considerar, según ha manifestado el letrado de Díaz Ferrán, que la acusación va "en contra de la fuerza de la razón", ya que se basa en la pericial de un subinspector de Hacienda que realizó "apresuradamente en quince días".

Asimismo, el abogado ha añadido que "el Gobierno argentino expropió a una empresa —en referencia a Aerolíneas— reflotada en 2008 sin compensación, provocando el hundimiento de Marsans".

Precisamente este lunes, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dado el primer paso para volver a sentar en el banquillo a Díaz Ferrán por el vaciamiento patrimonial del grupo turístico, hechos por los que le acusa de pertenencia a organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Díaz Ferrán cumplirá el próximo jueves su primer año en prisión preventiva por estos hechos al no haber abonado la fianza de 5 millones de euros que le impuso la Audiencia Nacional para quedar en libertad.

Por Aerolíneas, el fiscal acusa al que fuera presidente de la patronal española y a Mata de eludir, mediante una "conducta de ocultación", el pago de 99 millones a Hacienda tras la compra de la compañía.

Además de la pena de cárcel, reclama para ellos una multa igual a la cuota defraudada y que se indemnice al fisco con la misma cantidad más los intereses.

No había que tributar en España

Sin embargo, Díaz Ferrán aseguró en la primera sesión del juicio que estaba convencido de que no cometió delito fiscal en la operación, ya que pensaba que "no había que tributar en el Estado español" por esa adquisición.

Los hechos se remontan a 2001, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió a Air Comet el 99,2 % de Interinvest, una mercantil domiciliada en Argentina que a su vez era propietaria del 92,1 % del capital de Aerolíneas Argentinas.

El precio de venta fue de un dólar, pero la SEPI también aportó en ese momento a Interinvest hasta 300 millones de dólares para pagar a los acreedores de Aerolíneas Argentinas, entonces en concurso, de modo que Air Comet se convirtió en titular de la deuda y pudo liderar las negociaciones del convenio, que terminaron en 2002 con una quita del 60%.

Air Comet, sin embargo, no reflejó en las cuentas de 2001 los créditos de los que se había convertido en titular en ese ejercicio gracias a los fondos aportados por la SEPI, lo que, según el fiscal, habría dado lugar al pago de una cuota de 99 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades.

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