Admitida la querella de la CUP contra el consejo de CatalunyaCaixa por la Llotja de Lleida

El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha admitido a trámite el escrito de ampliación de la querella presentado por la CUP contra el consejo de CatalunyaCaixa, cuando estaba presidido por Narcís Serra, por la operación crediticia e inmobiliaria de la construcción de la Llotja de Lleida, ha asegurado este lunes a Europa Press la abogada de la formación, Esther Sancho.
Narcís Serra
Narcís Serra
EUROPA PRESS

El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha admitido a trámite el escrito de ampliación de la querella presentado por la CUP contra el consejo de CatalunyaCaixa, cuando estaba presidido por Narcís Serra, por la operación crediticia e inmobiliaria de la construcción de la Llotja de Lleida, ha asegurado este lunes a Europa Press la abogada de la formación, Esther Sancho.

El partido independentista, que ejerce de acusación popular en la denuncia de Fiscalía contra Serra y el exdirector general Adolf Todó, presentó en octubre un escrito en el que cuestionaba la operación valorada en 50 millones de euros argumentando que consistió en la adquisición de un terreno municipal con el compromiso de edificar dos torres de gran altura, un proyecto que nunca se hizo realidad y que se refinanció en 2010, ha señalado la formación en un comunicado.

La "administración desleal" que, según la formación, tiene que investigar ahora el juzgado, es la toma de decisiones en la compra del terreno por un valor muy superior al de mercado y la no ejecución del proyecto, pese a saber que supondría graves perjuicios para la entidad, además de la operación de prórroga de la hipoteca.

La CUP presentó la ampliación de la querella basándose en las informaciones publicadas en la revista de Lleida 'La Quera' sobre las posibles irregularidades de Caixa Catalunya con las que la entidad habría perdido un dinero que acabará asumiendo la ciudadanía con el rescate bancario del FROB.

El Código Penal castiga la administración desleal con pena de prisión de entre seis meses y cuatro años o multa del tanto al triple del beneficio obtenido.

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