La consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, exige al ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, que aclare "qué ha pasado" con la reforma energética y diga claramente "cuáles son las consecuencias" de las enmiendas del PP a su gestión al frente del departamento.

Luengo explica en una nota que desde agosto decía que la reforma energética era la "panacea" contra el déficit y que iba a repartirse el "desfase" entre lo que cuesta la energía y el déficit de tarifa entre consumidores, empresas eléctricas y Estado, a través de los presupuestos.

"Ahora resulta que lo que iba a aportar el Estado ya no lo aporta, y por tanto, tendrá que explicar qué alternativas tiene para resolver el grave problema que se va a generar en España", señala.

La consejera entiende que todo apunta a que la enmienda a Soria "tiene un único damnificado, el consumidor y las empresas que van a pagar el peaje de una gestión inestable, sin rumbo y llena de inseguridades jurídicas".

En su opinión, "el veto a Soria y a su gestión que le han impuesto el PP y el ministro de Hacienda solo va a encarecer la luz a los ciudadanos y a las empresas, y adelanto que no podrán pagarla en muchos casos".

Entiende Luengo también que "las empresas recortarán de otros lados y serán menos competitivas, y las familias, muchas de ellas, no podrán hacer frente a los recibos mensuales de la luz y se verán abocados a la oscuridad".

En su opinión, "es incomprensible que justo en medio de la crisis más dura de la Historia de España decida Rajoy y el PP saldar la deuda del sistema energético a costa de los consumidores y empresas".

Efecto recaudatorio

Ante la previsión de una posible avalancha de recibos de luz impagados y los consecuentes cortes de luz, la consejera exige al ministro que "prepare una hoja de ruta clara para hacer frente a esta situación" y recuerda que la última subida del recibo de la luz fue en agosto, con un 3'4 por ciento más.

En su opinión, "es una reforma energética que empezó mal, no contentaba a nadie y acaba peor", ya que no entra a revisar el funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica, que es precisamente lo que de verdad supondría una reforma.

"No analiza los costes reales, solo busca recaudar a través de los ingresos sobre los consumidores. Lo necesario es sustituir el coste reconocido por el coste real", señala.