Eran las 12.30 del 6 de noviembre de 2007 cuando José Luis Peñas, acompañado de su abogado, cruzaba las puertas del complejo policial de Canillas, la sede central de la Policía Nacional de Madrid. Peñas era entonces un desconocido para la opinión pública, un exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda. Se dirigía a las dependencias de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (la UDEF) con un CD bajo el brazo. Sereno y tranquilo, contó a los dos inspectores que le atendieron que había sido protagonista de una de las mayores tramas de corrupción conocida en la democracia española. Nacía el caso Gürtel.

Hoy, seis años después, el caso que ha puesto contra las cuerdas al PP, el caso de corrupción política más mediático de España, acumula ya casi 700.000 folios de instrucción, una cifra que se va a serguir incrementando. La primera declaración de Peñas se plasmó en 30 folios. También aportó 20 horas de conversaciones que él, desde diciembre de 2005, había recogido con dos grabadoras, una de ellas con forma de pen drive. Precisamente este jueves pasado, el 5 de diciembre de 2013, Peñas acudió al juzgado número 5 de la Audiencia para entregar sus dos grabadoras. El juez las había solicitado porque las defensas de algunos acusados querían hacer una "pericial fonográfica sobre los soportes" que habían grabado a sus defendidos. 

El principal protagonista de esas conversaciones, Francisco Correa Sánchez (nacido en Casablanca, Marruecos), dirigía un "entramado que constituye una auténtica organización criminal dedicada al blanqueo de capitales obtenido de distintas actividades, delitos fiscales, delitos societarios, fraude a la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, extorsión y chantaje a funcionario público, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos", según uno de los primeros informes judiciales. En su primera declaración, Peñas solo citaba a 31 nombres. En el listado aparecían 11 políticos y cargos públicos, sobre todo de Madrid y la Comunidad Valenciana, y dos reputados periodistas muy amigos de la trama. Ahora hay cerca de 200 imputados.

Sin ellos la trama Gürtel nunca se hubiera conocido. Peñas, de 45 años, militó en el PP desde 1999. Fue edil en Parla y Majadahonda, donde trabajó e hizo amistad con la mujer de Correa, Carmen Rodríguez, que era la jefa de gabinete del alcalde. En 2005 dejó el PP tras enfrentarse con la dirección general del partido (es decir, con Esperanza Aguirre) por la venta de unas parcelas públicas. Abogado y con un máster en Gestión de Recursos Humanos y Organización, ahora trabaja de ordenanza en una junta de distrito del Ayuntamiento de Madrid.

Ana Garrido, personal laboral fijo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, también es protagonista en esta historia. Tuvo la valentía de enviar una carta el 2 de diciembre de 2007 a Esperanza Aguirre denunciando los tejemanejes del entonces alcalde Arturo González Panero, imputado en la trama. Garrido trabajó con 'el albondiguilla' (como Correa había bautizado a Panero) desde mediados de los años 90 en varias concejalías del Consistorio antes de que Panero fuera alcalde. La misiva enviada por Ana Garrido, que tuvo que repetir por no obtener respuesta, alertó de las irregularidades que años después han sido investigadas por los magistrados que han llevado la instrucción del caso.

El caso recayó en la Audiencia Nacional, en el juzgado de Bastasar Garzón. Pero el magistrado fue separado de la instrucción tras haber sido condenado en febrero de 2012 a once años de inhabilitación profesional por ordenar grabar las conversaciones de tres de los imputados en prisión con sus abogados. En la Audiencia el caso solo estuvo entre agosto de 2008 y abril de 2009. Lo retomaron los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, que han llevado el peso de las investigaciones. En Madrid, por ejemplo, la causa empezó con 37 imputados y finalizó en diciembre de 2011 con 117. El TSJ de Madrid lo volvió a enviar a la Audiencia con 129 cajas de documentación, que contenían 671 tomos.

En Valencia, seis piezas separadas siguen en manos del magistrado José Ceres, que investiga irregularidades relativas a la visita del Papa en 2006 y a otros contratos entre la Generalitat y varias empresas de la trama, como Orange Market. Aquí están imputados seis parlamentarios autonómicos del PP, además de otros dos exconsejeros del Gobierno valenciano que ya dejaron sus escaños.

En la Audiencia, el caso está ahora en manos del juez Pablo Ruz, que aunque no es el titular del juzgado número 5, sigue con las pesquisas. Todo parece indicar que Ruz finalizará la compleja instrucción, después de que el titular de la plaza, Miguel Carmona, haya renunciado a ella y su próximo destino sea Reino Unido como juez de enlace. Ruz sigue en el 5 gracias a una comisión de servicios.

El juez Garzón imputó inicialmente a 37 personas. Hoy la pieza principal tienen 110. El juez Ruz trabaja actualmente con 670 archivadores de dos tomos cada uno, y cada tomo suele tener de media unas 400 páginas. "Además, la UDEF está trabajando actualmente con otros 600 archivadores", explica en la Audiencia nacional. La pieza separada, la que investiga los papeles de Bárcenas, tiene otros 15 tomos principales y 16 anexos. En la pieza de Bárcenas hay otros 25 imputados, 10 de ellos empresarios. En el listado de imputados no están el gerente del PP en Galicia, Ángel Piñeiro; ni Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Tampoco los exsecretarios generales del PP Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos, como pedían las seis acusaciones particulares del caso. La pieza de Valencia, que a su vez se divide en seis, tiene unos 70 imputados.

Peñas siempre ha defendido que Correa era el séptimo hombre con más poder dentro del PP, después del presidente, el secretario general, los vicesecretarios y el tesorero. ¿En qué consistía realmente la trama Gürtel? El primer informe que la UDEF hace al respecto, con número 102.952, resume a la perfección el entramado que había creado Francisco Correa: "una red societaria cuya actividad central se encuentra en el sector de la comunicación", que obtenía contratos de Administraciones Públicas gobernadas por el PP, gracias "a las relaciones personales que mantiene Francisco Correa". Asimismo, Correa tenía el papel de "intermediario" entre empresarios de la construcción y cargos públicos "con el fin de influir sobre estos para conseguir la adjudicación de proyectos urbanísticos"

Correa siempre ponía al frente de las sociedades de su entramado a "personas de su confianza que actúan como testaferros", si bien la "dirección de las mismas la tiene el propio Francisco Correa". En un principio, la UDEF detectó 16 firmas: Special Events, Rial Green, Pasadena Viajes, Estudios Vesubio, Welldone, Spinaker 2000, Inversiones Kintamani, Rústicas MBS, Caroki, Easy Concept, Good and Better, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Sundry Advices, Creative Team, Orange Market.

Nunca un caso de corrupción política ha provocado tantos terremotos dentro de la unidad policial encargada de investigarlo. En dos años, tres comisarios han ocupado el sillón que dirige la Comisaría General de Policía Judicial, de quien depende la UDEF. Los dos primeros, Enrique Rodríguez Ulla y José García Losada, dejaron su cargo porque el ministro del Interior y el director de la Policía perdieron la confianza en ellos. El segundo escalafón de la UDEF también ha estado en entredicho. El director, Ignacio Cosidó, sacó a concurso las plazas de los cuatro jefes de cuatro importantes brigadas de la UDEF, precisamente las que investigan los casos Gürtel y Bárcenas. Aunque el nombramiento final estaba en manos de Cosidó, los cuatro comisarios que ocupan estas jefaturas seguirán en el cargo.

El juez Baltasar Garzón ordenó una fría mañana del 6 de febrero de 2009 las primeras detenciones del caso. Aunque hay casi 200 imputados sumando todas las piezas, solo cuatro de ellos han pasado por prisión, aunque ahora están casi todos en la calle. Francisco Correa, el cabecilla, es el que más tiempo ha estado entre rejas. Entró el 16 de febrero de 2009 junto a su número dos, Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP gallego) y su primo Antoine Sánchez. El juez los acusaba entonces de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho. Correa no salió de prisión hasta junio de 2012 tras pagar 200.000 euros de fianza. Crespo lo hizo a principios de ese año, en enero de 2012, tras pagar 100.000 euros. Y Antoine Sánchez en enero de 2011 tras pagar 40.000 euros. El único que sigue encarcelado en Luis Bárcenas.

Madrid fue la comunidad, junto a la valenciana, donde Correa y sus testaferros se movieron a sus anchas. La investigación le costó el cargo a tres alcaldes: al de Boadilla, al de Majadahonda yal de Arganda del Rey, municipios donde la trama hizo jugosos y multimillonarios negocios. En el Parlamento madrileño, tres diputados fueron imputados y tuvieron que dejar el escaño del PP, entre ellos Alberto López Viejo, hombre de confianza de Esperanza Aguirre. La ya expresidenta madrileña siempre ha defendido que fue ella quien acabó con la trama Gürtel, a pesar de que una de las testaferras de Correa, Isabel Felisa Jordán, declaró ante el juez Baltasar Garzón que la trama había enviado regalos a Aguirre, concretamente un albornoz, y que esta se lo agradeció por carta. 

El juez Ruz está investigando 371 contratos que distintas consejerías de la Comunidad de Madrid firmaron con empresas de la trama Gürtel. Parece ser que el magistrado no podrá investigar 71 de ellos, porque la Comunidad ya informó que no tiene datos sobre ellos. Alberto López Viejo, exvicepresidente de Presidencia de la Comunidad de Madrid, imputado en el caso acusado de cobrar fuertes comisiones de la red Gürtel, era quién solía contratar con Correa casi todos los actos protocolarios y de proyección pública de Esperanza Aguirre entre los años 2004 y 2009. Cada vez que Aguirre inauguraba un hospital, un colegio, o asistía a eventos institucionales, se hallaba algunas de las empresas de Correa. Estas intentaban incluso que los atriles y decorados de los actos tuvieran el mismo color que el vestido que llevaba ese día Aguirre. La expresidenta, que no está imputada, ha declarado este martes 17 de diciembre ante el juez. Lo ha hecho por escrito.

El juez acaba de levantar el secreto del sumario a nueva documentación que le fue intervenida a la trama en varias naves industriales de Madrid. Lo que la Policía bautizó como el registro 13. Parte de esa documentación es de una de las empresas de Correa, Easy Concept, que revela que la trama organizó la toma de posesión de Aguirre y de sus consejeros los dias 20 y 21 de junio de 2007. El Gobierno regional pagó por estos dos actos 96.764 euros

En total son 70 los políticos, altos cargos y empresarios imputados en las seis piezas en las que se ha dividido la causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana: la financiación ilegal de la campaña para las municipales y autonómicas de 2007, la campaña de las generales de 2008, el contrato de RTVV para la retransmisión de la visita del Papa en 2006, los contratos del Consell con las empresas de Correa y los delitos fiscales de las empresas de este. De estos 70 nombres, más de un veintena son cargos públicos. Los últimos, cuatro ex directores generales de la Conselleria de Sanidad, por la adjudicación del contrato de un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008 a una de las empresas de la trama. 

No solo son tres trajes. La investigación ha salpicado de lleno al Partido Popular de la Comunidad Valenciana y prácticamente a toda su cúpula. El caso empezó por señalar al ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al número dos del partido, Ricardo Costa, por aceptar trajes de Álvaro Pérez 'el bigotes', el hombre de confianza de Correa en esa comunidad. Pero el juicio de los trajes (en el que Camps y Costa fueron absueltos) es solo la punta de lanza de lo que puedes esconder la presunta financiación ilegal del Partido Popular valenciano y la adjudicación de contratos de la Generalitat a las empresas del entramado de Correa. El exconseller de Justicia de la Generalitat tiene una condena en firme por corrupción, al igual que el alto cargo de la conselleria de Turismo Rafael Betoret. Ambos se autoinculparon para no ir a un juicio. Ricardo Costa continúa imputado y pendiente del grueso del caso.

La grabadora estaba oculta en el bolsillo de su chaqueta. En una mesita apartada de un discreto salón del céntrico hotel Fénix de Madrid, José Luis Peñas oyó de nuevo el nombre que alguna vez había pronunciado Correa. "De Bárcenas hemos hablado poquito", señaló Peñas. Francisco Correa, nada modesto, contestó mientras degustaba su bebida favorita, de la que casi se había vuelto un adicto: una coca cola con mucho hielo y unas gotitas de whisky de malta. "Yo, Paco Correa, le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas, a su casa y a Génova" (oír audio). La frase, concluyente, se oye con nitidez a pesar de las notas del pianista del hotel. 

El caso Gürtel llevó al caso Bárcenas, quizás la ramificación más importante de toda la instrucción. El extesorero del PP, que sigue preso, fue imputado por primera vez en julio de 2009 y comenzó su estancia en prisión casi tres años después, el 27 de junio de 2013. Bárcenas aseguró ante el juez que los famosos 'papeles de Bárcenas' eran suyos, una especie de agenda privada que llevaba la contabilidad B del partido. La dirección del PP los ha negado por activa y por pasiva, pero el último auto del juez Ruz es clarificador: hay "indicios de una corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo" al margen de la contabilidad oficial durante 18 años. Así lo dedujo a raíz de un informe de la UDEF que cruzaba los datos que proporcionó Bárcenas con los obtenidos en el registro de las oficinas del arquitecto que remodeló la sede del PP, imputado por supuestos pagos en negro. En la actualidad, cerca de 60 de los apuntes de Bárcenas están acreditados por el juez y los investigadores.

Aparte de la supuesta financiación ilegal del PP, el caso Bárcenas tiene más ejes. El juez y los investigadores parecen tener claro que Correa daba al extesorero parte de los sobornos que tenía que pagar la red tras conseguir contratos en algunas administraciones gobernadas por los populares, como si Bárcenas fuera un intermediario. El propio Bárcenas cobró 1,3 millones de euros en sobornos de la red de Correa, según la Policía. El tercer eje es el dinero evadido por Bárcenas al extranjero, el que le ha llevado a prisión y le ha supuesto una fianza civil de 43,2 millones de euros. Ya se sabe que la mayor parte de su fortuna estuvo en Suiza, donde llegó a acumular 47 millones de euros en bancos helvéticos.  Antes de ser encarcelado, Bárcenas trataba de mover el dinero que tenía en Suiza a Uruguay, Bahamas y Estados Unidos. El juez le acusa de cuatro delitos fiscales. Fuera de España, la Policía busca el dinero de Bárcenas y de otros principales imputados en una treintena de países.

En la guerra interna desatada entre el PP y Bárcenas, el extesorero ha ganado la primera batalla. Un juez desestimó el jueves 5 de octubre la demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor que había interpuesto la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, contra Bárcenas, ya que en la contabilidad B aparece como perceptora de sobresueldos.

Los papeles de Bárcenas han derivado en un nuevo escándalo para el PP. Un informe de la UDEF entregado al juez revela que parte de las costosas obras que los populares hicieron en su sede principal, en la madrileña calle de Génova, fueron pagadas en negro. Concretamente un millón de euros. Pablo Ruz ha imputado al arquitecto que las hizo después de que la Policía llegase a la conclusión de que hubo anomalías en los pagos de las reformas de varias plantas de la sede, incluida la del despacho de Mariano Rajoy en la séptima planta.

La instrucción del juez Pablo Ruz es ingente y complicada. Hay todavía pendientes 19 comisiones rogatorias para obtener importante documentación en el extranjero, lo que ralentiza toda la investigación. "Somos optimistas si vemos el comienzo del juicio en el año 2015", señalan fuentes jurídicas. Y es que según el juez Ruz y la Policía escaban en el caso encuentran más datos que llevan a otras irregularidades. El último en querer abrir un nuevo frente ha sido el juez Elpidio José Silva, investigado por su actuación durante la instrucción del 'caso Blesa'. El juez ha relacionado a Miguel Blesa con el pago de varias facturas a la trama Gürtel mientras estuvo al frente de Caja Madrid. Como ya publicó 20minutos.es en mayo de 2013, Caja Madrid concedió dos créditos en 2008 de 6,7 millones para una operación urbanística en Boadilla del Monte que la Policía utilizó como ejemplo de los tejemanejes de Correa.

De momento, el juez Ruz busca dinero de la trama en Colombia, Francia, EE UU, Holanda, Antillas Holandesas, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Saint Christopher and Nevis, Islas Vírgenes, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Panamá, Portugal, Reino Unido, Suiza, Singapur, Gibraltar e isla de Jersey.

Hay mucho todavía por hacer. Las partes personadas en el caso conocieron el lunes pasado miles de documentos que revelan que las empresas de la Gürtel trabajaron para la imagen electoral de candidatos del PP en prácticamente todas las comunidades y principales alcaldías, desde el País Vasco a Andalucía y desde Extremadura a la Comunidad Valenciana. Hay por ejemplo muchas facturas relativas a la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2003.  Special Events, firma de la red Gürtel, organizó un viaje de Rajoy a Buenos Aires (Argentina) en diciembre de 2003. No es de extrañar por tanto que otra firma dela trama, Pasadena Viajes, tuviese entre su documentación copias de DNI de muchos políticos del PP y sus respectivas parejas, como el de Rajoy y su esposa.