La Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) han suscrito este lunes un protocolo de colaboración con el que pretenden agilizar procedimientos y eliminar duplicidades y trámites innecesarios o redundantes en una quincena de tipos de procedimiento en los que participan ambas instituciones.

Dentro de estas categorías se encuentran actuaciones que afectan al medio ambiente, labores forestales y silvícolas, procesos de concentración parcelaria, obras para la realización de presas y regadíos o actuaciones derivadas del Plan de Lucha contra Plagas de Castilla y León.

Asimismo, el protocolo, que tiene una vigencia de cuatro años, incide sobre otras cuestiones como la coordinación de los diferentes órganos, la educación ambiental, la participación ciudadana y el control del estado de las masas de agua superficiales de acuerdo con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (UE).

Así lo ha explicado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, durante el acto de firma del protocolo, celebrado en Valladolid, mientras que el presidente de la CHD, José Valín, ha aclarado que el acuerdo supondrá la emisión de informes previos para adecuar los proyectos a la normativa vigente, lo que permitirá reducir los plazos y ahorrar costes.

En este sentido, Valín ha puesto como ejemplo obras desarrolladas por la Junta de Castilla y León que requieren declaraciones de impacto ambiental (DIA) o que afectan al cauce de un curso de agua, las cuales reciben en ocasiones informes desfavorables "cuando ya está todo el proyecto redactado", lo que ocasiona sobre costes y alarga las obras.

Informes previos

Esto se subsanará mediante la emisión de dichos informes previos, que incluirán los posibles cambios preceptivos para hacer viable el proyecto, lo que también afectará a particulares, los cuales se beneficiarán de este aligeramiento administrativo, así como a obras de la CHD que requieran permisos de la Junta de Castilla y León.

Con todo esto, los plazos para cumplimentar los trámites podrán reducirse, en algunos casos, "hasta en un 50 por ciento", según ha subrayado Silván, quien ha puntualizado que la casuística "es muy amplia" en función del procedimiento concreto.

En la mayoría de los casos, el nuevo protocolo establece un plazo máximo de 30 días para la emisión de esos informes, una cifra que se reduce hasta diez en el caso de actuaciones que se consideren "urgentes" en materia de control de plagas o en las evaluaciones ambientales por parte de la CHD de proyectos que promueva la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Por lo que se refiere a las labores silvícolas realizadas por la Junta en el entorno de masas de agua, será suficiente una comunicación previa con una descripción de los trabajos a realizar y de su ubicación con 15 días de antelación, tras lo que la Confederación emitirá un informe con recomendaciones. Para la realización de muestreos biológicos, bastará también una comunicación previa diez días antes.

Dicho protocolo afecta también a la Consejería de Agricultura y Ganadería, cuya titular, Silvia Clemente, ha destacado la importancia que supondrá en materia como el control de plagas, los planes de regadío o la concentración parcelaria, lo que supone "un paso más de lo establecido en la Ley de Aguas" que permitirá completar los trámites de forma "más rápida y segura".

Para impulsar y coordinar las acciones contempladas, elevar propuestas y conocer las incidencias que puedan surgir, el protocolo establece la creación de una comisión de seguimiento, mixta y paritaria, formada por el delegado de Gobierno en Castilla y León —o la persona en que delegue—, tres representantes de la Confederación Hidrográfica del Duero y cuatro del Ejecutivo autonómico.