El catedrático Jesús Leguina, marido de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, y el magistrado del TC Jorge Rodríguez Zapata también redactaron informes relacionados con la constitucionalidad del Estatut de Catalunya similar al que hizo el magistrado Pablo Pérez Tremps.

Leguina cobró 6.000 euros del Instituto de Estudios Autonómicos , vinculado a la Generalitat, por el estudio que fue encargado antes de que el actual tripartito gobernará aunque fue retribuido ya con ellos en el poder.

Rodríguez Zapata realizó un informe para la Fundación Pi i Sunyer , entre cuyos patrones están la Generalitat y el Ajuntament de Barcelona, bajo el título 'Evolución de la aplicación de los principios contenidos en la Carta Europea de autonomía local por la jurisprudencia del TC y del Tribunal Supremo"

El marido de la presidenta del TC hizo un estudio similar al de Pérez Tremps por el que cobró 6.000 euros de la Generalitat
El PP también quiso recusar a la presidenta del TC, según informa hoy La Vanguardia , por el estudio realizado por su marido, aunque esta vez los magistrados hicieron piña alrededor de su presidenta y la recusación no prosperó.

Su voto, decisivo

La presidenta fue quien con su voto permitió que se rompiera la igualdad 6 a 6 entre los magistrados conservadores y los progresistas, ahora llamados autonomistas, y poder recusar así a Pérez Tremps, que ahora se plantea dimitir para que el Gobierno elija a otro magistrado para sustituirlo y devolver así la igualdad de votos.

Si eso fuera así, el voto de María Emilia Casas sería decisivo para aceptar o no el recurso de inconstitucionalidad del Estatut presentado por el PP.

El PP ya intentó ya hace un año que se recusara, sin éxito, a Pérez Tremps y lo ha vuelto a intentar ahora aprovechando ese estudio de Jesús Leguina para presionar a la presidenta del TC, lo que ha resultado decisivo para conseguir que en estos momentos el Estatut de Catalunya se está tambaleando y buena parte de sus artículos deban ser eliminados.

Lógico

La Generalitat alega que es "perfectamente lógico" que al pedir informes a catedráticos algunos de ellos resulten personas que en un futuro pueden integrarse en el TC, como es el caso de Pérez Tremps, ya que estos han de ser "juristas de competencia reconocida, con más de quince años".

El gobierno autonómico y el Parlament también solicitaron en su momento la recusación contra otro miembro del TC, Roberto García Calvo, que fue denegada.

En este caso no lo hizo por un informe sino porque el magistrado realizó unas declaraciones públicas en las que se posicionaba sobre el Estatut calificándolo de "experimento de tinte independentista que fisura o propicia la fractura de España".