La empresa municipal de vivienda, suelo y equipamiento de Sevilla (Emvisesa) actualmente está revisando la documentación de los solicitantes que han pedido una reducción del precio del alquiler de sus viviendas para determinar si cumplen con los requisitos para llevar a cabo la medida.

Así lo ha indicado en un comunicado el concejal delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, que además ha asegurado que "hasta ahora tan sólo uno de los demandantes cumple con los requisitos, ya que el resto están en trámites burocráticos a la espera de presentar toda la documentación para poder recibir el informe de necesidad social".

De esta forma, el Ayuntamiento ha respondido a las declaraciones del portavoz adjunto del PSOE de Sevilla, Antonio Muñoz, que ha advertido "de los grandes problemas de gestión y coordinación que se vuelven a producir en las políticas de vivienda" y que han provocado que "en dos meses sólo se haya aceptado una rebaja de alquiler en una vivienda de Emvisesa, y que haya casi más de 160 solicitudes pendientes".

Emvisesa ha aprobado recientemente una renta social para los inquilinos de promociones en régimen de alquiler y alquiler con opción a compra que se encuentren en situación de emergencia social, una medida que se desarrollan con carácter "urgente y temporal" para adaptarse a la situación de los que cuentan con menos recursos. Esta renta será revisable cada seis meses, acreditándose que se continúan cumpliendo con estos requisitos.

Las familias sin ingresos sólo tendrán que afrontar el pago de la comunidad y los suministros, como el agua o la luz, mientras que las que cuenten con ingresos que no superen en 1,5 el valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) habrán de pagar como máximo el 30 por ciento de los citados ingresos, con un mínimo de 50 euros.

Para acogerse a esta medida, deberán carecer totalmente de ingresos todos los miembros de la unidad familiar, ser los arrendatarios legales de la vivienda y acreditar la efectiva ocupación de la misma como domicilio habitual y permanente, que no se hayan producido denuncias constatadas y reiteradas por problemas de convivencia ni otros incumplimientos contractuales diferentes del impago de rentas o cuotas a la comunidad de arrendatarios, además de tener los suministros perfectamente contratados y contar con un informe social de la Unidad de Trabajo Social (UTS) que acredite que la unidad familiar se encuentra en situación de necesidad social.

"Sabemos las dificultades que tienen muchas familias en estos tiempos difíciles y desde el Ayuntamiento estamos trabajando para que se superen estas dificultades y para que no se vean en esta tesitura todos los meses porque no pueden pagar sus viviendas, por lo que estamos adoptando estas medidas que ayudarán a superar esta complicada situación", ha explicado Maximiliano Vílchez.

Por último, el concejal de Urbanismo ha pedido al PSOE "que le pida a sus compañeros de la Junta de Andalucía que tome medidas como las se han aprobado en el Ayuntamiento en lugar de criticarlas".

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