Un equipo de detectives privados, criminólogos, psiquiatras y abogados ha fundado una asociación que tiene como objetivo la búsqueda gratuita de menores de edad.

Cada año se producen más de 14.000 denuncias por personas que se encuentran en paradero desconocido, más de la mitad referidas a menores de 18 años.

Estos profesionales han constituido el Centro de Investigación y Búsqueda de Menores Desaparecidos en España (CIBE) , una organización que no depende de subvenciones estatales, según recogen sus estatutos, y que hoy en día se encuentra en proceso de formación.

Por ello, da la bienvenida a quienes deseen asociarse, así como a aquellos expertos o voluntarios que quieran implicarse en las búsquedas. Los conocimientos de los primeros serán de gran ayuda en las investigaciones, mientras que los voluntarios podrán colaborar en los rastreos tanto desde las redes sociales como en los trabajos de campo.

La asociación, que tiene como socio de honor al psiquiatra José Cabrera, acoge como voluntarios a mayores de edad o a menores que cuenten con autorización paterna −con una edad mínima de 14 años−. La única limitación será que no tendrán acceso a información confidencial de los casos en curso.

"La entidad nace con la intención de convertirse en la sede en España de Missing Children", según explica su vicepresidenta Natalia Sánchez, que añade que ofrecen asesoramiento a padres y familiares o la organización de seminarios y cursos en materia de seguridad, prevención y formación.

"En el caso de solicitar la búsqueda de una persona adulta serán de aplicación tarifas preferentes en todos los ámbitos de actuación", según la asociación, cuya página web es cibemenoresdesaparecidos.org.

El Cuerpo Nacional de Policía calcula que cada año se interponen en sus comisarías entre 13.000 y 14.000 denuncias sobre personas cuyo rastro se ha perdido. La gran mayoría de ellas, entre un 65% y un 70%, se refiere a menores; otro 30% a adultos y un 3% a mayores de 65 años.

En todo caso, la inmensa mayoría de las desapariciones ocurridas en España son voluntarias motivadas por problemas familiares, de convivencia, escolares o por el hecho de atravesar una difícil situación económica. Y estas se suelen resolver en semanas o en las primeras 24 o 48 horas.

Esta materia es objeto de estudio en la 'Comisión Especial para el estudio de la problemática de las personas desaparecidas sin causa aparente' constituida en el Senado como consecuencia de la incertidumbre que provoca en las familias y la repercusión social de casos como el de Yeremi Vargas o el de los pequeños Ruth y José, por cuyo asesinato se condenó finalmente a su padre, José Bretón.

En la cámara alta, la Guardia Civil también ha dado a conocer las cifras registradas en su ámbito de actuación. En 2012, recibió 4.312 denuncias, la mayoría interpuestas en Madrid, las provincias costeras e insulares y siendo un 56% sobre menores y un 4% sobre mayores de 65 años con Alzheimer u otras dolencias psíquicas.

El Instituto Armado también destaca el elevado índice de localizaciones.

A pesar de que la gran mayoría de estos sucesos se deben a fugas que culminan con el regreso voluntario al hogar, las Fuerzas de Seguridad tienen el deber de activar automáticamente un  protocolo de actuación tras recibir una denuncia por la desaparición de un menor al considerarse de alto riesgo.

Para ello, la Instrucción 1/2009 ordena a los agentes incorporar esa denuncia a la Base de Datos de Personas Desaparecidas y Cadáveres sin Identificar  y, si existen indicios de criminalidad, ponerlo en conocimiento de la Policía Judicial para que inicie cuanto antes una investigación ya que las primeras horas resultan cruciales en la resolución de estos casos. Si es necesario, se emitirá una alerta internacional.