Dos de cada diez de los contribuyentes más ricos de Castilla y León acapara el 28 por ciento del total de los ingresos declarados en 2012, según los datos facilitados por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Getsa) en su informe 'La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre', presentado en su XIII Congreso Anual celebrado en Granada.

El 80 por ciento de las rentas restantes acumuló un valor porcentual de ingresos de 72, mientras que 20 de cada cien de los declarados "más pobres" representa un cinco del total de los ingresos, según ha informado Getsa.

De hecho, según este índice, que sirve para medir si la riqueza está "bien repartida o no" —cero el valor más equitativo y uno el más desigual— el registro español se sitúa en un 0,32, lo que supone un nivel "elevado" para un país como España, que "teóricamente se encuentra entre los países más desarrollados".

No obstante, este coeficiente varía "sustancialmente" en función de las distintas comunidades autónomas analizadas, donde Madrid y Cataluña son las que presentan "mayores brechas de desigualdad" al concentrar el mayor número de grandes fortunas.

Sin embargo, la desigualdad se redujo o se mantuvo estable en Castilla y León (-16,4 por ciento), Extremadura (-8 por ciento) y Galicia (+1 por ciento). Según Gestha, esto se debe a que son autonomías en las que la densidad de grandes patrimonios es "mucho menor", lo cual no crea una situación de "disparidad" con el resto de los asalariados, que ganan rentas "mucho más modestas".

Los técnicos han subrayado que esta brecha se ha abierto "más" en los últimos años como consecuencia de la crisis, ya que en 2007 el índice de Gini se situaba en el 0,28, y aumentó un 10,8 por ciento en 2012.

En este intervalo, fueron los años 2009 y 2010 los más dramáticos al incrementarse en casi dos millones el número de parados y al deteriorarse con mayor intensidad la economía española, que llegó a retroceder un 3,7 por ciento, "dejando las cuentas públicas al borde del colapso".

Medidas centradas en las grandes fortunas

Para frenar esta situación, el Ministerio de Hacienda ha propuesto intensificar la lucha contra el fraude, y enfocarla en investigar la evasión protagonizada por las grandes fortunas y grandes empresas, que concentran más de siete de cada diez casos de fraude fiscal total. Esta parte supone una pérdida recaudatoria para el Estado de más de 42.000 millones de euros anuales.

Al mismo tiempo, el informe ha abogado por crear un impuesto sobre la riqueza de ámbito estatal, lo que evitaría las bonificaciones autonómicas al cien por cien de la cuota, con mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, aunque el tipo efectivo de este nuevo tributo debería triplicar al del actual impuesto para ser efectivo. De este modo se podría conseguir una recaudación adicional de 3.400 millones de euros anuales, han apuntado las mismas fuentes.

En este sentido, el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha asegurado que la puesta en marcha de un gravamen sobre la riqueza de carácter estatal "tendría un mayor efecto sobre la recaudación y serviría para evitar la aplicación de nuevos recortes, con los que sólo se añade más presión sobre la economía de las clases medias y trabajadoras".

A este objetivo también ayudaría, según el Ministerio, una reorganización de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que dedicara "más esfuerzo" a perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, en vez de concentrar al 80 por ciento de los recursos a lo "más fácil" que es investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados, además de adoptar medidas para ejercer un "mayor control" de la eficiencia del gasto público.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "si se adoptaran estas medidas, y se redujera la elusión de las grandes fortunas y multinacionales, el sistema fiscal contribuiría a reducir la desigualdad por el efecto redistributivo que debería tener el sistema fiscal, en general, y el IRPF en particular".

Consulta aquí más noticias de Valladolid.