La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha acusado este sábado al Gobierno de España de "recuperar la ley del miedo" y poner la "mordaza" en este país, y ha llamado al PSOE a defender, como en 1982, el principio de la paz social.

En su intervención en la apertura del congreso del PSOE de Sevilla, en el que Verónica Pérez le sustituirá al frente de la secretaría provincial, Díaz ha ratificado también que la Junta recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Educación, por "injusta e insolidaria", y ha asegurado que el Gobierno andaluz va a "minimizar el daño" de esta normativa en la comunidad.

"Esta semana ha sido especialmente dura y difícil, con una ley educativa que no sólo pretende segregar, sino invadir las competencias de la comunidad, y el Gobierno andaluz no sólo va a minimizar el daño que produzca, sino que la va a recurrir", ha subrayado.

Díaz, que no ha hecho referencia alguna a la situación de UGT y el presunto desvío de fondos públicos, ha emplazado a los socialistas a recuperar los principios que llevaron a su partido a gobernar en 1982, que ha resumido en el restablecimiento de la paz social, la defensa de la unidad de España desde la pluralidad y el combate de la desigualdad.

"Sabemos que estamos en un momento histórico, sabemos del festín que se están dando algunos con nuestros derechos y libertades, y el PSOE tiene que estar a la altura, tenemos que ser la esperanza y la ilusión de miles de ciudadanos", ha remarcado.

La presidenta de la Junta, que hace una semana tomó también las riendas del partido en Andalucía, ha sostenido que los servicios públicos "no son el problema", la cuestión es cómo se gestionen.

"Lo que ha pasado en los hospitales de Madrid o de Valencia es por la mala gestión de los recursos públicos", ha señalado Díaz, que ha contrapuesto la situación de Andalucía, donde mantener la sanidad y educación cuesta cinco euros diarios −según ha asegurado− con la del Estado, donde el Ministerio de Sanidad y Educación "despilfarran" 4 millones de euros anuales en "burocracia".

Por ello, ha insistido en que el problema no son los recursos públicos, sino la "especulación".

"Tenemos argumentos y es ahí donde nos necesita la gente", ha aseverado la jefa del Gobierno andaluz, que tras llamar la atención sobre las cifras de la exclusión social −sólo en la provincia de Sevilla hay 300.000 personas en el umbral de la pobreza− ha pedido a los militantes que se sitúen "al lado" de la nueva dirección que salga del congreso porque representar al partido es ahora "más necesario que nunca".

"A partir de hoy, a la calle", ha pedido la líder socialista para ganar "bien" las elecciones municipales de 2015 y que no vuelva a ocurrir como en las últimas en algunos municipios de la provincia, donde el PSOE ganó pero hoy "está gobernando la derecha".

Convencida de que con las elecciones europeas de 2014 tiene que iniciarse "la ola de cambio", ha insistido en la necesidad del "reencuentro" con los ciudadanos tras subrayar: "somos creíbles, coherentes y decentes, y necesitamos las urnas para parar esta ola injusta" de recortes de derechos en España.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha manifestado este sábado que los sindicatos deben "justificar hasta el último euro que han recibido de los presupuestos públicos" para realizar actividades de formación.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios momentos antes de participar en la Conferència de la Tardor de la Gent Gran organizada por el PSPV, al ser preguntada por su valoración de la dimisión del secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, a raíz de las informaciones sobre las presuntas irregularidades detectadas en la contabilidad del sindicato.

Al respecto, ha rehusado valorar la decisión tomada por Fernández Sevilla, pero ha reiterado que la posición del PSOE sobre este tema es "absolutamente clara" y defiende que los sindicatos, como cualquier otra organización que recibe aportaciones de la Administración "deben justificar que las actividades que han realizado con ese dinero han servido a los fines públicos para los que se han solicitado".

"Hay que avanzar, hay que investigar, hay que aflorar cuáles son las situaciones de irregularidades y todo euro público que no se haya gastado debidamente debe ser revertido a las arcas públicas", ha incidido, al tiempo que ha apuntado que los sindicatos "tienen que responder en el marco de las responsabilidades que sean convenientes si efectivamente la gestión no ha sido adecuada".

"Creo que esto es lo que se está haciendo y es lo que debemos hacer todos", ha concluido.