El PCA protesta este sábado en la frontera con Portugal contra el tráfico de mujeres y menores

El PCA participará este sábado una protesta en la frontera de Huelva con Portugal contra el tráfico de mujeres y menores y la explotación sexual, en una acción simultánea con otra protestas que se desarrollará en la frontera de Girona con Francia.

El PCA participará este sábado una protesta en la frontera de Huelva con Portugal contra el tráfico de mujeres y menores y la explotación sexual, en una acción simultánea con otra protestas que se desarrollará en la frontera de Girona con Francia.

Según un comunicado del PCA, esta protesta se enmarca en las acciones transfronterizas que el Movimiento Democrático de Mujeres de España y el Movimiento Democrático de Mujeres de Portugal junto con otros colectivos feministas de derechos sociales, sindicales y organizaciones políticas de Cataluña y Francia están organizando contra el tráfico de mujeres y la explotación sexual.

Así, la protesta tendrá lugar este sábado en Ayamonte (Huelva), pueblo fronterizo con Portugal y contará con la participación de las diputadas andaluzas del Grupo parlamentario de IULV-CA, encabezadas por la portavoz adjunta y de asuntos de Igualdad, Alba Doblas.

También asistirá la dirección del Partido Comunista de Andalucía, encabezada por el vicesecretario general, Juan de Dios Villanueva, y la secretaria de mujer, Selina Robles.

La intención de las organizaciones convocantes es denunciar y hacer visible el tráfico sexual, dentro o fuera de las fronteras nacionales, entendiendo que es una violación de los derechos humanos fundamentales como el derecho a la integridad física, la igualdad, la dignidad, la salud, la seguridad.

Han puesto de manifiesto que la comercialización de los seres humanos como objetos sexuales, la pobreza, la desigualdad de género y las condiciones de subordinación de mujeres y niñas constituyen un terreno fértil para la trata de personas.

Las organizaciones convocantes reivindican un marco legal a nivel europeo y de todos los gobiernos nacionales que contemple la supresión de toda forma de represión contra las personas prostituidas; la regularización de inmigrantes víctimas de explotación sexual, sin obligación de denuncia de las redes de proxenetas o traficantes, o una legislación que permita luchar efectivamente contra el tráfico y la explotación sexual, declarando la compra de favores sexuales como una violencia de género.

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