Los tentáculos de la red Gürtel se extendieron sobre todo por Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Pero también llegaron a Granada. El juez Pablo Ruz ha puesto ahora el foco en la promoción de viviendas de lujo que la trama quiso construir en Salobreña (Granada) para blanquear dinero, una operación ya descubierta por los anteriores instructores del caso. En una providencia del 27 de noviembre, el magistrado solicita al juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid que le remita toda la información sobre el concurso de acreedores que pesa sobre la empresa Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobreña S.A., dirigida por uno de los testaferros de Francisco Correa, el también imputado Jesús Calvo Soria.

Esta empresa construyó en 2007 Residencial Alminares, 40 viviendas con vistas al mar en el tranquilo monte de Los Almendros de este municipio granadino. Pero el negocio salió mal y la mayoría de las casas no se vendieron, por lo que la promotora entró en concurso de acreedores y las casas fueron embargadas. El administrador de Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobreña es Jesús Calvo Soria, testaferro de Correa, según un informe policial, y alto cargo en el Gobierno autonómico en la etapa de Ruiz-Gallardón. Fue secretario técnico de la Consejería de Educación con Gustavo Villapalos y exgerente de la Universidad Complutense también con Villapalos. A pesar de estar imputado, ha seguido impartiendo clases en universidades madrileñas.

El solar en Salobreña donde se iban a construir los pisos costó 900.000 euros. La promoción recibió dinero para el proyecto de empresas relacionadas con la trama. Rustfield Trading Limited, la sociedad británica de Correa, participaba con un 22,5% y aportó 240.000 euros; y Lujeca Inversiones S. L., la constructora de Jesús Calvo Soria, tenía otro 22,5% con 225.000 euros. Luego están otras dos empresas no relacionadas con la red Gürtel pero que también invirtieron. La primera, Paddington SPRL, sociedad belga representada por el directivo del Banco Popular Francisco Aparicio Valls, aportó 450.000 euros; y Bratelk S. L., que pertenece a Máximo Antonio González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería. Correa y Calvo Soria sí están imputados; Aparicio Valls y González Jurado no, aunque serán llamados a testificar, según fuentes judiciales, ya que la Oficina de Lucha contra el Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria lleva pidiendo desde mayo de 2012 que presten declaración.

La ONIF consideró que se había producido una repatriación de fondos pata blanquear dinero. Correa, por ejemplo, repatrió sus fondos desde Londres, según un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Luego, una vez construidas las viviendas en Salobreña, hasta ocho empresas e imputados relacionados con la trama Gürtel compraron casas en esta lujosa urbanización. Entre ellas la propia sociedad británica de Correa, Rustfield; Ramón Blanco Balín (exdirectivo de Repsol y blanqueador del dinero de la trama); o Tomás Martín Morales y su empresa Free Consulting. Martín Morales fue un alto cargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Aunque ahora la mayoría de los pisos están vacíos, el juez tuvo que cursar un comisión rogatoria a las autoridades de la lsla de Man (una pequeña isla del Mar de Irlanda, bajo jurisdicción británica, que constituye uno de los paraísos fiscales más opacos) para que enviase un balance de sumas y saldos de la empresa, ya que Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobreña se había constituido en esta isla. El balance reveló que en 38 de las 40 casas futuros compradores habían adelantado dinero. Martín Morales tenía una; Blanco Balín otra, Lujeca tenía tres; Rustfield tres; y Bratelk, de González Jurado, otras tres. Nadie pagó más de 200.000 euros por cada casa.